Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

20forma rigurosa, de que la renuncia del acusado a su derecho a juicio por jurado es una libre,voluntaria e inteligente. 135 Una vez renunciado el derecho a juicio por jurado e iniciado el juiciopor tribunal de derecho, no hay derecho constitucional del acusado a reclamar y obtener juiciopor jurado. 136 Como vimos, también puede renunciarse al jurado de doce miembros. 137No hay derecho constitucional a juicio sin jurado. 138 Esto permite discreción al tribunal parano aceptar la renuncia del acusado a su derecho a juicio por jurado. Pero la no aceptación de larenuncia podría estar reñida con el debido proceso de ley en determinados casos. 139En cuanto a la disolución del jurado (mistrial), sólo debe decretarse en situación de“necesidad manifiesta”; 140 disuelto el jurado sin tal necesidad manifiesta, el acusado podríainvocar doble exposición en el nuevo juicio. 141No hay distinción significativa alguna, entre Puerto Rico y la jurisdicción federal, enrelación con los informes al jurado, las instrucciones al jurado, el proceso de deliberación y losveredictos.En definitiva no hay “factura más ancha” en relación con el alcance del derecho a juicio porjurado. Por el contrario, parece que sólo tenemos jurado en casos criminales por imperativoconstitucional federal. Como no hay tal exigencia en casos civiles, no tenemos jurado en esoscasos.J. Auto-incriminación. La sección once de nuestra Carta de Derechos dispone que “nadieserá obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrátenerse en cuenta ni comentarse en su contra”. Esto corresponde a la tan famosa cláusula contrala auto-incriminación en la Quinta Enmienda: “no person shall be compelled in any criminal caseto be a witness against himself”. Las Reglas 23 y 24 de Evidencia complementan así laprotección constitucional:Regla 23: “Un acusado en una causa criminal tiene el privilegio de no ser llamado como testigo y nodeclarar. Si el acusado opta por no declarar, no se hará comentario alguno sobre ese hecho ni sederivará inferencia alguna en su contra”.Regla 24: “Toda persona tiene el privilegio de rehusar revelar cualquier materia que tienda aincriminarle, a menos que la persona haya obtenido inmunidad a ser castigada por el delito en relaciónal cual podría incriminarse”.En la zona de auto-incriminación no puede hablarse tampoco de “factura más ancha” denuestra Constitución, en comparación con la jurisdicción federal. Si bien es cierto que nuestraCarta de Derechos consagra expresamente que “el silencio del acusado no podrá tenerse encuenta ni comentarse en su contra”, y que nuestro Tribunal Supremo ha sido particularmenteceloso con esta parte de la protección, 141 no es menos cierto que la Corte Suprema de los Estados135 Patton v. United States, 281 U.S. 312 (1930), Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 D.P.R. 492, 497-498 (1973).136 Pueblo v. Torres Cruz, 105 D.P.R. 914, 918-919 (1977).137 Pueblo v. Camacho Vega, 111 D.P.R. 497 (1991).138 Singer v. United States, 380 U.S. 24 (1965) y Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982).139 Pueblo v. Borrero Robles, 112 D.P.R. 387 (1982) y Pueblo v. Rivero, 121 D.P.R. 454 (1988).140 Arizona v. Washington, 434 U.S. 497 (1978); Illinois v. Somerville, 410 U.S. 458, 465 (1973) y Pueblo v. Arteaga Torres, 93D.P.R. 148 (1966).141 Lugo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 244 (1970).141 Pueblo v. Santiago Lugo, 93 J.T.S. 143. Aquí el Tribunal Supremo hace hincapié en que no puede subsanarse el error depermitir que el fiscal comente el silencio del acusado meramente declarando con lugar una objeción de la defensa. Se requiereque inmediatamente el tribunal reprenda enérgicamente, frente al jurado, al fiscal por tal comentario y se instruya al jurado sobreno hacer inferencia alguna a base de que el acusado no declare. Además, se sugiere que difícilmente puede El Pueblo en