Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

Legislativa enmendó la Ley 53 original para convertir en delito el meramente “pertenecer” apartidos “subversivos”.Las fuertes y constantes críticas a la Ley 53 y a su aplicación, no calaron tan hondo en laconciencia del Gobernador y de la Asamblea Legislativa como lo hizo la decisión del TribunalSupremo de los Estados Unidos en el caso de Pennsylvania v. Nelson, 350 U. S. 497 (1956), resueltoel 2 de abril de 1956. El Tribunal Supremo Federal, por voz del entonces Juez PresidenteEarl Warren, confirmó la sentencia del Tribunal Supremo de Pennsylvania. Al confirmar ladecisión del más alto foro judicial de Pennsylvania, que había revocado la sentencia de culpabilidadde Steve Nelson, un simpatizante del Partido Comunista, que había sido convicto deviolar la ley contra la sedición del Estado de Pennsylvania, que había revocado el fallocondenatorio del tribunal de instancia, el Tribunal Supremo Federal estableció que, debido a lanecesidad de proveer uniformidad nacional en la tipificación de delitos contra la Nación, losestatutos estatales contra la sedición debían ceder ante la ley federal. Esto es, a juicio delTribunal Supremo de los Estados Unidos, el Congreso había claramente intentado ocupar elcampo de las leyes contra la sedición al aprobar la Ley Smith. 4 Aunque la opinión dePennsylvania v. Nelson no mencionaba Puerto Rico, gran parte de la comunidad legal en el Islaentendía que dicha decisión había anulado la Ley de la Mordaza, mediante la expresión clara delTribunal Supremo Federal de que el campo había sido ocupado por el Congreso de los EstadosUnidos. Esta interpretación, sin embargo, no la compartía el entonces Secretario de Justicia, ellicenciado José Trías Monge, quien formaba parte del Comité de Derechos Civiles, nombradopor Muñoz Marín el 11 de febrero de 1956.Durante los primeros meses desde la formación del Comité de Derechos Civiles, el pueblono estuvo enterado de la naturaleza del trabajo que se realizaba. A medida que pasaba el tiempo,la prensa fue obteniendo información sobre que, a raíz de los estudios efectuados por el Comité,se liberalizaría la Ley 53. Poco antes de someterse el informe del Comité al Gobernador, ya losmedios noticiosos difundían la información de que se recomendaría la derogación de la citadaley.El 29 de julio de 1957, la Asamblea Legislativa se reunió en sesión extraordinaria a peticióndel Gobernador. Muñoz dijo en un mensaje especial que el informe del Comité de DerechosCiviles le fue entregado cinco días antes de recesar la Asamblea Legislativa, razón por la cual nopudo estudiarlo cuidadosamente ni formular sus decisiones en torno al mismo. Señaló elGobernador que las dos recomendaciones principales contenidas en el informe del Comité deDerechos Civiles eran la derogación de la Ley 53 y el indulto de las personas convictas porinfracciones a ese estatuto. Como ya Muñoz había actuado sobre esta segunda propuesta, alindultar a trece infractores de la Ley de la Mordaza el 19 de julio, recomendaba en su mensajeque se siguiera la primera recomendación del Comité, esto es, la derogación de la Ley 53.Luego de defender los fundamentos que motivaron la adopción de dicha ley, Muñoz dijo quesu decisión de solicitar la derogación de la Ley “se funda en el criterio de que, aun en relacióncon [los] elementos subversivos, hay otras leyes vigentes, capaces de proteger los derechos denuestro pueblo, sin que pudieran prestarse, bajo gobiernos irresponsables, a menoscabar el climademocrático de Puerto Rico”. 5Los miembros del Comité de Derechos Civiles, creado por el Gobernador Muñoz Marín enel 1956, eran:4Nowak, Rotunda & Young, Constitutional Law, pp. 296-297, (1986).5Diario de Sesiones, 29 de julio de 1957, p. 2212.