30B. Aplicación ex post facto <strong>de</strong> la ley penal: La sección 12 <strong>de</strong> nuestra Carta <strong>de</strong> Derechosdispone que no se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para con<strong>de</strong>nar sin celebración <strong>de</strong>juicio. Hay idéntica prohibición en la sección 10 <strong>de</strong>l Artículo I <strong>de</strong> la Constitución <strong>de</strong> los EstadosUnidos dirigida a los Estados. 215Prescindimos <strong>de</strong> lo relativo a proyectos para con<strong>de</strong>nar sin celebración <strong>de</strong> juicio (bills of aattain<strong>de</strong>r), por ser ya un problema superado. Lo esencial es la prohibición <strong>de</strong> leyes ex post facto,esto es, la aplicación <strong>de</strong> una ley a hechos ocurridos antes <strong>de</strong> la vigencia <strong>de</strong> la ley. Bajo laConstitución <strong>de</strong> los Estados Unidos, es ex post facto una ley penal que se aplica retroactivamenteen forma <strong>de</strong>sfavorable al acusado; 216 no hay prohibición para la aplicación retroactiva favorableal acusado. Recientemente, revocando jurispru<strong>de</strong>ncia anterior, 217 la Corte Suprema <strong>de</strong> losEstados Unidos resolvió que la prohibición constitucional no se aplica a materia procesal, sinosólo a ley penal sustantiva. 218 De conformidad con lo resuelto en Youngblood, la cláusula fe<strong>de</strong>ralsólo prohíbe lo siguiente: (1) que se castigue como <strong>de</strong>lito una conducta que no constituía <strong>de</strong>litoen el momento <strong>de</strong> su comisión; (2) que se aumente la pena o las consecuencias penales <strong>de</strong> unaconducta con posterioridad a su comisión, y (3) que se elimine una <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> un acusado, queestaba disponible al momento <strong>de</strong> la comisión <strong>de</strong> la conducta <strong>de</strong>lictiva imputada.Puerto Rico ha adoptado, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> hace más <strong>de</strong> cuatro décadas, la jurispru<strong>de</strong>ncia fe<strong>de</strong>ralrevocada en Youngblood que extien<strong>de</strong> a cierta materia procesal la prohibición <strong>de</strong> leyes ex postfacto. En Puerto Rico el Tribunal Supremo ha dicho que es ex post facto:1. Toda ley que consi<strong>de</strong>ra criminal y que castiga un acto que al ser realizado era inocente;2. toda ley que agrava un <strong>de</strong>lito o lo hace mayor <strong>de</strong> lo que era en el momento <strong>de</strong> ser cometido;3. toda ley que altera el castigo y que impone una pena mayor que la fijada al <strong>de</strong>lito en elmomento <strong>de</strong> ser cometido; y4. toda ley que altera las Reglas <strong>de</strong> Evi<strong>de</strong>ncia, y que exige menos prueba o prueba distinta a laexigida por la ley en el momento <strong>de</strong> la comisión <strong>de</strong>l <strong>de</strong>lito, para castigar al acusado. 219Hay que señalar que el Tribunal Supremo <strong>de</strong> Puerto Rico ha rechazado variosplanteamientos <strong>de</strong> aplicación retroactiva <strong>de</strong> leyes penales procesales, aparentemente por tratarse<strong>de</strong> un cambio en la ley procesal que es más bien neutral, que <strong>de</strong>sfavorable <strong>de</strong> suyo, al acusado, opor tratarse <strong>de</strong> aspectos procesales poco fundamentales. 220Queda por ver si nuestro Tribunal Supremo, cuando tenga la oportunidad, opta por seguir aYoungblood, limitando la prohibición <strong>de</strong> leyes ex post facto a materia sustantiva, o invoca la“factura más ancha” para conservar la doctrina -revocada en Youngblood- <strong>de</strong> exten<strong>de</strong>r laprotección constitucional a cierta materia procesal.215 Hay prohibición dirigida al gobierno fe<strong>de</strong>ral en la sección 9(3) <strong>de</strong>l mismo Artículo I.216 Véase, Weaver v. Graham, 450 U.S. 24, 29 (1981).217 Kring v. Missouri, 107 U.S. 221 (1882), Thompson v. Utah, 170 U.S. 343 (1898).218 Collins v. Youngblood, 110 S. Ct. 2715 (1990).219 Fernán<strong>de</strong>z v. Rivera, 70 D.P.R. 900, 903 (1950); Pueblo v. Pérez Mén<strong>de</strong>z, 83 D.P.R. 539, 545 (1961); Pueblo v. ÁlvarezTorres, 91 J.T.S. 11, escolio 5, pág. 8345 y Pueblo v. López, 70 D.P.R. 790 (1950).220 Véanse, Pueblo v. Pérez Mén<strong>de</strong>z, 83 D.P.R. 539 (1961); Pueblo v. Morcelo, 104 D.P.R. 20 (1975); Pueblo v. Casiano Vélez,105 D.P.R. 33 (1976) y Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982). Véanse mis comentarios a estos casos en Chiesa, obracitada en escolio 2, Vol. II, § 19.2, pp. 555-560.
31III. LA SECCIÓN DIEZ DE NUESTRA CARTA DE DERECHOS:ARRESTOS, REGISTROS Y ALLANAMIENTOSDispone así la sección 10 <strong>de</strong> nuestra Carta <strong>de</strong> Derechos:No se violará el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>l pueblo a la protección <strong>de</strong> sus personas, casas, papeles yefectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.No se interceptará la comunicación telefónica.Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos porautoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento oafirmación, <strong>de</strong>scribiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a <strong>de</strong>tenerse o lascosas a ocuparse.Evi<strong>de</strong>ncia obtenida en violación <strong>de</strong> esta sección será inadmisible en los tribunales.Esta sección correspon<strong>de</strong> parcialmente a la Enmienda Cuarta: “The right of the people to besecure in their persons, houses, papers and effects, against unreasonable searches and seizures,shall not be violated, and no warrant shall issue, but upon probable cause, supported by oath oraffirmation, and particularly <strong>de</strong>scribing the place to be searched, and the persons or things to beseized.”Del texto <strong>de</strong> ambas cláusulas surge claramente que nuestra sección diez contiene dosprotecciones adicionales a las establecidas en la Enmienda Cuarta, a saber: (i) no se interceptarála comunicación telefónica, y (ii) evi<strong>de</strong>ncia obtenida en violación <strong>de</strong> esta sección seráinadmisible en los tribunales. Aparte <strong>de</strong> estas dos diferencias, la sección 10 y la EnmiendaCuarta, <strong>de</strong> sus textos, coinci<strong>de</strong>n en proteger al ciudadano contra: (1) registros, incautaciones 221 yallanamientos irrazonables y (2) Ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> registro, arresto o allanamiento que no satisfagan losrequisitos señalados, que son: (i) autoridad judicial; (ii) causa probable basada en juramento oafirmación; (iii) especificidad: <strong>de</strong>scripción particular <strong>de</strong>l lugar a ser registrado, <strong>de</strong> la persona aser <strong>de</strong>tenida o <strong>de</strong> las cosas a ser ocupadas.Empiezo por lo primero: la “factura más ancha” <strong>de</strong> la sección 10 en cuanto a la inclusión <strong>de</strong>la prohibición <strong>de</strong> interceptación telefónica y la regla <strong>de</strong> exclusión.La regla <strong>de</strong> exclusión: La presencia expresa <strong>de</strong> la regla <strong>de</strong> exclusión al final <strong>de</strong> nuestrasección 10 garantiza que ni legislativa ni judicialmente se podrá suprimir el remedio establecidopor nuestros constituyentes ante la violación a la protección contra registros, arrestos eincautaciones irrazonables. Haría falta enmienda constitucional para abandonar el remedio <strong>de</strong> laregla <strong>de</strong> exclusión y adoptar remedios menos onerosos. 222 Esto es ciertamente una “factura másancha”, pues en la jurisdicción fe<strong>de</strong>ral la regla <strong>de</strong> exclusión -como remedio para la violación a laEnmienda Cuarta- es <strong>de</strong> hechura judicial, 223 por lo que no haría falta enmienda constitucionalpara suprimir la regla <strong>de</strong> exclusión. Pero si prescindimos <strong>de</strong> esta importante “factura más ancha”<strong>de</strong> nuestra regla <strong>de</strong> exclusión, hay <strong>de</strong>bate en torno a si hay mayor protección en Puerto Rico en221 El “arresto” está comprendido en el concepto <strong>de</strong> “seizure”, pues se trata <strong>de</strong> la incautación <strong>de</strong> la persona misma.222 Por ejemplo, acción administrativa contra el oficial que incurrió en la violación constitucional, acción especial <strong>de</strong> daños afavor <strong>de</strong>l ciudadano perjudicado, etc.223 Es Weeks v. United States 232 U.S. 383 (1914), don<strong>de</strong> se resuelve aplicar la regla <strong>de</strong> exclusión en la jurisdicción fe<strong>de</strong>ral. EnWolf v. Colorado, 338 U.S. 25 (1949) la Corte Suprema resuelve que la regla <strong>de</strong> exclusión no es imperativo constitucional contralos estados. No es hasta Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961) cuando se resuelve que la regla <strong>de</strong> exclusión queda incorporada a losEstados a través <strong>de</strong> la Enmienda Decimocuarta.
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