La verdad es que los principios constitucionales que sirven <strong>de</strong> base a la interpretación <strong>de</strong> lostextos <strong>de</strong> la Constitución <strong>de</strong>ben ser creados por los jueces. La Constitución no contiene un catálogo<strong>de</strong> instrucciones para su propia interpretación. Hay principios que son <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n semántico,como el que se aplica a la disposición <strong>de</strong> que nadie podrá ser gobernador a menos que a la fecha<strong>de</strong> la elección haya cumplido 35 años <strong>de</strong> edad. Pero el sentido <strong>de</strong> la mayor parte <strong>de</strong> los textosconstitucionales, como es bien sabido, sólo pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminarse acudiendo a principiossustantivos <strong>de</strong> interpretación. El texto <strong>de</strong> la Constitución, su estructura y su historia, son factorescruciales para cualquier <strong>de</strong>cisión constitucional. No se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>scartar ninguno <strong>de</strong> ellos. Todosimponen disciplina a las <strong>de</strong>cisiones judiciales, pero a menudo no son <strong>de</strong>cisivos. Es esencial, portanto, que el Tribunal i<strong>de</strong>ntifique y justifique <strong>de</strong>bidamente los principios sustantivos externos a laConstitución que constituyen la base <strong>de</strong> cada <strong>de</strong>cisión que emite en materia constitucional, sobretodo cuando se trata <strong>de</strong> una garantía adicional reconocida en nuestra Constitución que no tieneequivalente en la fe<strong>de</strong>ral. Esos principios sirven para dar a la adjudicación constitucional unabase racional y para formular una teoría que la justifique. A<strong>de</strong>más sirven para forjar normas que<strong>de</strong>limiten el alcance <strong>de</strong> la garantía objeto <strong>de</strong> interpretación y la hagan manejable, sin restarleefectividad.En esta tarea <strong>de</strong> creación judicial, el Tribunal tiene siempre que mantenerse <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> loslímites que exige nuestro sistema representativo y <strong>de</strong>mocrático <strong>de</strong> gobierno. Nunca pue<strong>de</strong>olvidar la importancia que tienen las normas <strong>de</strong> auto-limitación judicial ni pasar por alto losprincipios procesales y sustantivos que la integran.A mi juicio nuestro Tribunal Supremo incumple a menudo con lo que acabamos <strong>de</strong> señalar.En el área <strong>de</strong>l <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> intimidad, por ejemplo, no ha formulado una teoría integral basada enprincipios sustantivos que estén claramente i<strong>de</strong>ntificados y sostenidos por un análisis a<strong>de</strong>cuado.Carecemos también <strong>de</strong> las normas básicas necesarias para que la garantía constitucional <strong>de</strong>intimidad sea manejable, sin restarle efectividad frente a la complejidad y variabilidad <strong>de</strong> laconducta que está llamada a reglamentar. Lo mismo ocurre con otras garantías <strong>de</strong> nuestraConstitución que no tienen equivalente en la fe<strong>de</strong>ral, tales como la que se refiere a la interceptación<strong>de</strong> comunicaciones telefónicas. En cuanto a esta última, como acertadamente señalaChiesa, aunque nuestra prohibición al respecto parece absoluta, a primera vista, nuestro TribunalSupremo ha sostenido en diversas circunstancias la vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> ór<strong>de</strong>nes judiciales <strong>de</strong> interceptaciónsin formular una teoría racional y coherente sobre el particular.El <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> información creado por nuestro Tribunal, que no tiene equivalente en lajurisdicción fe<strong>de</strong>ral, está también huérfano <strong>de</strong> una base teórica a<strong>de</strong>cuada y <strong>de</strong> normas que haganmanejable esa garantía autóctona <strong>de</strong> nuestro <strong>de</strong>recho constitucional. Para comprobarlo creo quebasta analizar los problemas planteados y las <strong>de</strong>cisiones emitidas sobre el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> informacióna partir <strong>de</strong> 1982 en Soto, Santiago, López Vives, y muy recientemente en el caso <strong>de</strong> Silvav. El Panel <strong>de</strong>l Fiscal Especial In<strong>de</strong>pendiente, 95 JTS 58 (24 enero 1995).Debemos señalar, por último, que el Tribunal parece haber perdido el sentido <strong>de</strong> autolimitaciónen materia <strong>de</strong> interpretación constitucional. Reclama para sí el po<strong>de</strong>r exclusivo <strong>de</strong> interpretación<strong>de</strong> las disposiciones constitucionales. Ha eliminado <strong>de</strong> nuestro firmamento jurídicocasi por completo la doctrina <strong>de</strong> la cuestión política y las normas <strong>de</strong> auto-limitación judicialsentadas en Aguayo. Estas normas constituyen un factor cuya importancia es incalculable para elbuen funcionamiento <strong>de</strong> nuestro constitucionalismo. Pero, como señala el profesor José JuliánÁlvarez, el Tribunal no parece comulgar con esas virtu<strong>de</strong>s pasivas. Su doctrina sobrejusticiabilidad a menudo abre las puertas innecesariamente a controversias importantes queplantean conflictos entre las ramas políticas <strong>de</strong>l gobierno. Sus normas sobre legitimación activa4
<strong>de</strong> los legisladores, aunque últimamente reflejan una posición más restrictiva, todavía permitenpleitos en que se plantean controversias que <strong>de</strong>berían resolverse en la arena política y no en lostribunales <strong>de</strong> justicia. El Tribunal en gran parte ha reducido a escombros las doctrinas <strong>de</strong>aca<strong>de</strong>micidad y <strong>de</strong> madurez. Acostumbra en sus <strong>de</strong>cisiones constitucionales hacerpronunciamientos innecesariamente amplios y a menudo resuelve cuestiones que no han sidoplanteadas en el caso concreto que tiene ante sí. Esta práctica <strong>de</strong> convocar una serie <strong>de</strong> dicta conla <strong>de</strong>cisión específica <strong>de</strong> la controversia planteada, ciertamente no se ajusta a los principiosbásicos <strong>de</strong> auto-limitación judicial.A la eterna pregunta en cuanto a quién custodia a los custodios, sólo po<strong>de</strong>mos contestardiciendo que el ejercicio <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> revisión judicial requiere autodisciplina y un alto sentido<strong>de</strong> responsabilidad. Vivimos bajo una constitución y los magistrados <strong>de</strong>l Tribunal Supremo sonsus guardianes. Ninguna regla o institución pue<strong>de</strong> salvaguardar el uso apropiado <strong>de</strong> ese po<strong>de</strong>r.El único freno que existe es el propio sentido <strong>de</strong> auto-limitación que adopte nuestro TribunalSupremo. Nada, salvo ese sentimiento <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>ncia y circunspección, restringe a los guardianes<strong>de</strong> nuestra Constitución. A ellos correspon<strong>de</strong> la tarea <strong>de</strong> darle cuerpo a la "factura más ancha" <strong>de</strong>nuestra Constitución. La crítica constructiva que aparece en el estudio <strong>de</strong> Chiesa, y en estoscomentarios míos, es la mejor forma <strong>de</strong> ayudar al Tribunal a cumplir con su misión.5
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