Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

difícil, pero es preciso llevarla a cabo para que el desarrollo y la aplicación del derecho constitucionalno dependan de factores subjetivos. Nuestro Tribunal Supremo, a mi juicio, no le presta aesta función toda la atención que merece. Ejemplo de ello son las decisiones que el Tribunalemitió en torno a la doctrina de academicidad en 1991: Asociación de Periodistas v. González,91 JTS 54; Berberena v. Echegoyen, 91 JTS 65; y Lasso v. Iglesia Pentecostal La NuevaJerusalem, 91 JTS 74. El profesor José Julián Álvarez hizo un excelente análisis crítico de lasmismas en 61 Rev. Jur. U.P.R., págs. 656-674. Otro ejemplo más reciente es la decisión emitidaen E. L. A. v. Rexco Industries, 91 JTS 151 (6 diciembre 1994) sobre la garantía constitucionalque ordena el pago de intereses en casos de expropiación forzosa. En este último caso el Tribunalrechaza la norma federal y adopta una distinta para determinar la justa compensación que debeconcedérsele a la parte expropiada al amparo del mandato de la Sección 9 del Artículo II denuestra Constitución.Nuestra Constitución, como acertadamente señala Chiesa, provee importantes garantías noreconocidas en la jurisdicción federal. Cuando esto ocurre, la factura más ancha de nuestra Cartade Derechos surge del texto de nuestra Constitución, de su estructura y de su historia. En elámbito penal, por ejemplo, se prohíbe la pena de muerte y la interceptación de comunicacionestelefónicas, y se consagra el derecho absoluto a la libertad bajo fianza antes de mediar fallocondenatorio. Además, como es bien sabido, se dispone que la detención preventiva antes deljuicio no excederá de seis meses, se ordena la supresión ante los tribunales de toda pruebaobtenida ilegalmente, y se prohíbe el ingreso de menores de 16 años en una cárcel o presidio. Enotras áreas, nuestra Carta de Derechos reconoce expresamente el derecho a la intimidad: prohíbetodo discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social o por razónde ideas políticas o religiosas; y reglamenta estrictamente la utilización del poder deexpropiación forzosa en lo que a la prensa concierne. Por otro lado, los derechos económicos ysociales, incluyendo el derecho a la educación, reciben protección constitucional. También esmás ancha la factura de nuestra Carta de Derechos debido a que en Puerto Rico reconocemosderechos constitucionales a los individuos frente a personas particulares, y no solamente frente alEstado. Esto es así en cuanto a los derechos económicos y sociales, a la interceptación de lacomunicación telefónica y al derecho a la intimidad, entre otros.Cuando la factura más ancha surge de una garantía adicional reconocida en nuestraConstitución que no tiene equivalente en la federal, nuestro Tribunal Supremo se enfrenta otravez al problema de interpretarla en forma racional y adecuada. Tiene que formular una teoría yforjar normas básicas que delimiten el alcance de la garantía y la hagan manejable, sin restarleefectividad frente a la complejidad y variabilidad de las situaciones humanas que está llamada areglamentar.Cabe preguntarse también en qué medida el Tribunal Supremo cumple con esta función. Enmateria constitucional, la interpretación requiere siempre usar principios externos a laConstitución, o sea, principios interpretativos que no se encuentran en los textosconstitucionales. Esto no significa, sin embargo, que lo que existe es un caos o que el derechoconstitucional es simplemente cuestión de política. Significa únicamente que esos principiosinterpretativos que están fuera de la Constitución deben ser identificados y justificados. No setrata de principios que ya están expresados en las palabras de la Constitución donde podemos ir abuscarlos. Tampoco se trata de principios que, según la frase que está muy en boga actualmente,se encuentran inmersos en la Constitución a donde hay que ir a encontrarlos como se buscan loshechos de un caso.3