Revista Volumen V - Academia PuertorriqueÃ±a de Jurisprudencia y ...

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46Estados Unidos, adopta una posición más liberal, con el resultado de ampliar el alcance de lagarantía, en relación con la jurisprudencia federal 332 . En tercer lugar, hay que considerar el casoen que nuestro Tribunal Supremo sigue la jurisprudencia de la Corte Suprema de los EstadosUnidos sobre el alcance de la garantía en cuestión, con efecto de que no habrá “factura másancha” 333 . Por último, hay que considerar la situación -muy frecuente por cierto- en que nuestroTribunal Supremo no se ha pronunciado sobre la adopción en Puerto Rico de la jurisprudenciarestrictiva federal, ya advirtiendo que no tiene que resolverlo 334 o bien porque no se ha planteadola cuestión 335 . Por supuesto, una situación no es permisible, que sería que la garantíaconstitucional bajo nuestra Carta de Derechos tuviera menor alcance que la que tiene la garantíaequivalente bajo la Constitución de los Estados Unidos; esto no es posible, pues el alcance de lagarantía federal establece el contenido mínimo de la garantía bajo nuestra Carta de Derechos. Porsupuesto, en otras ocasiones, la "factura más ancha" no tiene que ver con decisiones de nuestroTribunal Supremo, sino que es producto de una garantía en nuestra Carta de Derechos, sinequivalente en la Constitución de los Estado Unidos. 336Por último, estimo que no debe adjudicarse una controversia invocando el aforismo de“factura más ancha”, sin ulterior análisis de en qué medida hay, en puridad, “factura más ancha”y si es deseable que la haya. Debemos celebrar y mantener la “factura más ancha” de nuestrosderechos constitucionales, allí donde ello constituye una virtud en el balance de intereses inherentea la esencia de lo justo. Pero la virtud, como sostenía Aristóteles, está en un justo medioentre dos extremos que constituyen vicios, uno por defecto y otro por exceso. En uno que otrocaso, la “factura más ancha” constituye un exceso, con más de vicio que de virtud.332 Así ocurre con relación al registro de un vehículo como incidental al arresto bajo custodia del conductor o pasajero. En Pueblov. Malave, 120 D.P.R. 470 (1988) se adopta una “factura más ancha” sin referencia o rechazo alguno a la norma más restrictivaestablecida en New York v. Belton, 453 U.S. 454 (1981).333 Esta situación es muy frecuente. El caso más reciente es Pueblo en interés del Menor N .O. R., 94 J.T.S. 118, en el que nuestroTribunal Supremo sigue lo resuelto en Schneckloth v. Bustamante, 412 U.S. 218 (1973), en el sentido de que para la validez de unregistro por consentimiento no se requiere conciencia o conocimiento por parte de quien renuncia al derecho, sino que essuficiente con que la renuncia sea voluntaria.334 Así ocurre en relación con el “registro de buena fe” de U.S. v. León, 464 U.S. 897 (1984). En Pueblo v. Muñoz Santiago, 92J.T.S. 149, página 10083, el Tribunal Supremo señaló que no era necesario pronunciarse sobre la adopción o rechazo de León.335 Este es el caso, tal vez, más frecuente. Así ocurre, por ejemplo, con el caso de la admisibilidad de evidencia ilegalmenteobtenida para fines de impugnación de credibilidad del acusado que opta por declarar.336 Se destacan la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la intercepción de comunicaciones telefónicas y el derechoabsoluto a la fianza.
CONTESTACIÓN AL DISCURSO DELLCDO. ERNESTO L. CHIESA APONTE *Lcdo. Lino J. Saldaña **Tengo la grata y honrosa encomienda de contestar, como se acostumbra en la ceremonia deinstalación en esta Academia, el discurso inaugural del Profesor Ernesto Luis Chiesa. Los temasque Chiesa acaba de desarrollar en forma ejemplar, al hablarnos de los derechos de los acusadosy lo que nuestro Tribunal Supremo ha llamado "la factura más ancha" de nuestra Carta deDerechos, tocan áreas de vital importancia para nuestra vida jurídica. Se trata nada menos quede deslindar los derechos del ciudadano en la esfera procesal penal bajo nuestra Carta deDerechos, comparándolos con lo que le concede su equivalente expreso o implícito en laConstitución de los Estados Unidos. Su discurso es la culminación y síntesis de un largo ysostenido análisis de los problemas que surgen en la intersección entre el derecho constitucionaly el derecho procesal penal en relación con los derechos de los acusados. Chiesa ha venidoocupándose de esos problemas en la cátedra, en numerosos artículos y comentarios, y en sutratado en tres volúmenes sobre el Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos.La teoría de la "factura más ancha" de nuestra carta de derechos sirve varias funciones.Primero, destaca el hecho de que existen garantías reconocidas en nuestra constitución que notienen equivalente en la Constitución Federal. Segundo, invita a que, en los casos en que nuestraCarta de Derechos tiene un equivalente expreso o implícito en la Constitución de los EstadosUnidos, el Tribunal Supremo adopte una interpretación de los derechos fundamentales delciudadano más abarcadora y protectora que la prevaleciente en la jurisdicción federal.No hay duda de que nuestro Tribunal Supremo en los casos de equivalencia está en libertadde adoptar una interpretación distinta de la que rige en la jurisdicción federal. Puede ser igual omás protectora. Además, aunque se afirma a menudo que la norma federal establece un nivelmínimo de protección que los tribunales de Puerto Rico tienen que acatar al interpretar nuestraConstitución, esta aseveración es, a mi juicio, analíticamente inexacta. Nada impide dar unainterpretación a nuestra Constitución que se queda corta del mínimo federal. Lo que ocurre esque no podría aplicarse mientras no se altere la norma federal. Podría aplicarse válidamente, sinembargo, en caso de que por jurisprudencia se elimine la protección federal, o se reduzca a unnivel inferior al que concede nuestra Constitución. Como esto no sucede a menudo, lainterpretación federal establece un mínimo de protección que nuestros tribunales vienenobligados a acatar tomando en cuenta el principio de la supremacía de la Constitución y las leyesfederales. Por otro lado, según señala Chiesa, el mismo principio de supremacía puede imponerun máximo a los derechos constitucionales estatales. Esta situación surge cuando la “factura másancha” del derecho constitucional estatal de un litigante invade o infringe un derecho que laConstitución federal reconoce a otro de los litigantes. Por ejemplo, como sucedió en el casoreciente de El Vocero, en que nuestro Tribunal Supremo dio una protección al acusado (vistapreliminar en privado) con base en el derecho a la dignidad y a no sufrir ataques abusivos a suhonra, a su reputación y a su vida privada familiar y a nuestra presunción de inocencia, enmenoscabo del derecho federal de acceso de El Vocero (público y prensa) al amparo de laPrimera Enmienda. 92 JTS 108. Su decisión fue revocada por el Supremo Federal.* Sesión solemne celebrada el 9 de febrero de 1995 en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.** Académico de Número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación.
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