40razonable a la intimidad, no hay protección constitucional bajo la Enmienda Cuarta. 295 No hay“factura más ancha” bajo la sección 10. “La garantía constitucional contra allanamientos yregistros ilegales no cubre la incautación <strong>de</strong> una evi<strong>de</strong>ncia que es abandonada o arrojada por unapersona en la vía pública”. 296 No hay expectativa razonable a la intimidad con relación a objetosabandonados o arrojados, salvo que el abandono o <strong>de</strong>sprendimiento obe<strong>de</strong>zca a una intervenciónilegal <strong>de</strong> la policía o <strong>de</strong> los agentes. 297 La norma <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>ncia abandonada se ha aplicado a lasituación <strong>de</strong> un vehículo abandonado. 2985. Evi<strong>de</strong>ncia a plena vista o percepción. Si un agente se halla válidamente en un lugar,pue<strong>de</strong> incautarse <strong>de</strong> lo que esté a su plena vista o percepción, siempre que se trate <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>nciaincautable. 299 De ordinario se trata <strong>de</strong> lo que está a plena vista, pero pue<strong>de</strong> tratarse <strong>de</strong> lo que estáa pleno olfato. 300 El Tribunal Supremo <strong>de</strong> Puerto Rico ha reconocido y aplicado la doctrina <strong>de</strong> laevi<strong>de</strong>ncia a plena vista con los requisitos exigidos por la jurispru<strong>de</strong>ncia fe<strong>de</strong>ral, a saber: (1) elartículo <strong>de</strong>be haberse <strong>de</strong>scubierto por estar a plena vista y no en el curso o por razón <strong>de</strong> unregistro, (2) el agente que observe la prueba <strong>de</strong>be haber tenido <strong>de</strong>recho previo a estar en laposición <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la cual podrá verse tal prueba, (3) <strong>de</strong>be <strong>de</strong>scubrirse el objeto inadvertidamente,(4) la naturaleza <strong>de</strong>lictiva <strong>de</strong>l objeto <strong>de</strong>be surgir <strong>de</strong> la simple observación. 301El segundo requisito es crucial y ha sido enfatizado por la jurispru<strong>de</strong>ncia. 302 El tercerrequisito tiene poco o ningún sentido y ha sido abandonado por la Corte Suprema <strong>de</strong> los EstadosUnidos; 303 <strong>de</strong>bería ser igualmente abandonado por nuestro Tribunal Supremo. No cabe hablar <strong>de</strong>“factura más ancha” en esta zona.6. Registro <strong>de</strong> emergencia. En Pueblo v. Rivera Collazo, 304 el Tribunal Supremo reconocióla vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l registro o actuación <strong>de</strong> los agentes para aten<strong>de</strong>r una situación <strong>de</strong> emergencia. 305 Sedijo que “la policía <strong>de</strong>be tener la creencia razonable <strong>de</strong> que existe una emergencia que requiere<strong>de</strong> su inmediata asistencia para la protección <strong>de</strong> vidas o <strong>de</strong> propiedad; la entrada o registro nopue<strong>de</strong> estar motivada por un intento <strong>de</strong> arrestar o buscar evi<strong>de</strong>ncia, y <strong>de</strong>be haber alguna relaciónentre la emergencia y el área o sitio a que se penetra”. Se citó con aprobación a Cady v.Dombrowski. 3067. Registro tipo inventario. En Pueblo v. Rodríguez 307 y en Pueblo v. Sánchez Molina, 308 elTribunal Supremo <strong>de</strong> Puerto Rico sostiene la vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong>l registro <strong>de</strong> un automóvil como un“registro tipo inventario”. En Rodríguez se cita con aprobación la jurispru<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la CorteSuprema Fe<strong>de</strong>ral que resuelve que es razonable, bajo la Enmienda Cuarta, el registro tipo295 California v. Greenwood, 486 U.S. 35 (1988).296 Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985).297 Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 D.P.R. 567, 574 (1988).298 Pueblo v. Castro, 90 J.T.S. 7. En relación con una propiedad o resi<strong>de</strong>ncia abandonada, Véase, Pueblo v. Rosa Rodríguez, 94J.T.S. 87.299 Me refiero a lo que es ilegal <strong>de</strong> suyo (drogas) o prima facie ilegal (como armas); si se trata <strong>de</strong> evi<strong>de</strong>ncia relacionada con lacomisión <strong>de</strong> un <strong>de</strong>lito, se necesita causa probable. Véase, Arizona v. Hicks, 480 U.S. 321 (1987).300 Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982).301 Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 436 (1976), Pueblo v. Malavé, 120 D.P.R. 470, 478 (1988).302 Illinois v. Andrea, 463 U.S. 765 (1983).303 Horton v. California, 496 U.S. 128, 110 S. Ct. 2301 (1992).304 122 D.P.R. 408 (1988).305 Id., a la pág. 417.306 413 U.S. 433 (1973).307 91 J.T.S. 49.308 93 J.T.S. 140.
41inventario, sin necesidad <strong>de</strong> or<strong>de</strong>n judicial ni causa probable. 309 Se resuelve específicamente quebajo la sección 10 <strong>de</strong> nuestra Carta <strong>de</strong> Derecho es razonable el registro tipo inventario <strong>de</strong>vehículos legalmente incautados y <strong>de</strong> la persona arrestada que va a ser ingresada a unainstitución penal. Se explica que tratándose <strong>de</strong> un registro sin or<strong>de</strong>n judicial, hay presunción <strong>de</strong>invali<strong>de</strong>z y le correspon<strong>de</strong> al Estado <strong>de</strong>mostrar que se trata <strong>de</strong> un legítimo propósito <strong>de</strong>inventario y no <strong>de</strong> un pretexto para buscar evi<strong>de</strong>ncia incriminatoria. Para ello <strong>de</strong>be establecerque: (1) Proce<strong>de</strong> prima facie la incautación preliminar <strong>de</strong>l vehículo (o la encarcelación <strong>de</strong>larrestado); (2) Existe un procedimiento administrativo que contiene guías para el inventario,incluyendo la <strong>de</strong>signación <strong>de</strong> los funcionarios que hagan la <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong> confiscar y <strong>de</strong> quese lleve a cabo el inventario, y (3) Se siguió estrictamente el procedimiento establecido.En Sánchez Molina, siguiendo lo establecido en Rodríguez, el Tribunal Supremo valida elregistro <strong>de</strong> un automóvil como uno tipo inventario, inci<strong>de</strong>ntal a la incautación <strong>de</strong> un vehículo queha <strong>de</strong> ser confiscado. Se hizo hincapié en que el inventario se hizo <strong>de</strong> conformidad con unprocedimiento administrativo establecido por la Policía <strong>de</strong> Puerto Rico y en que se siguió elformulario correspondiente (PPR 128).No hay indicio <strong>de</strong> “factura más ancha” en relación con el registro tipo inventario. 3108. El “stop and frisk”. Bajo la Enmienda Cuarta, los agentes <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>n público, sin or<strong>de</strong>njudicial ni causa probable, pue<strong>de</strong>n <strong>de</strong>tener brevemente a una persona y someterla a corto interrogatorioy un registro superficial, siempre que haya creencia razonable <strong>de</strong> que la persona está apunto <strong>de</strong> cometer un <strong>de</strong>lito y que está armada. Este es el “stop and frisk” validado por la CorteSuprema en Terry v. Ohio. 311 Luego esta doctrina ha crecido bajo la progenie <strong>de</strong> Terry. No esnecesario explicar aquí el alcance <strong>de</strong> esta expansión. 312 Me refiero aquí al “stop and frisk” en sualcance limitado original en Terry, que por cierto es opinión <strong>de</strong>l Juez Presi<strong>de</strong>nte Warren, esto es,doctrina producto <strong>de</strong> la Corte en su momento más liberal. Llamaré “Terry” a esta doctrina.El Tribunal Supremo <strong>de</strong> Puerto Rico no ha aceptado ni rechazado a Terry, aunque hayatranscurrido ya más <strong>de</strong> un cuarto <strong>de</strong> siglo <strong>de</strong> su nacimiento. El rechazo <strong>de</strong>l concepto <strong>de</strong>“<strong>de</strong>tención para investigación” 313 nada tiene que ver con Terry. En Pueblo v. Díaz Díaz, 314 elTribunal Supremo aludió a Terry con cierta aprobación.309 South Dakota v. Opperman, 428 U.S. 364 (1976), Illinois v. Lafayette, 462 U.S. 640 (1982) y Colorado v. Bertine, 479 U.S.367 (1987). Opperman y Bertine se refieren al inventario <strong>de</strong>l contenido <strong>de</strong> un vehículo que ha <strong>de</strong> quedar bajo custodia <strong>de</strong> lapolicía. Lafayette se refiere al registro <strong>de</strong> una persona que ha sido arrestada y va a ser recluida, pudiendo registrarse la propieda<strong>de</strong>n la persona, o bajo el control, <strong>de</strong>l arrestado. El propósito es proteger a la persona misma y también a los funcionarios <strong>de</strong>l or<strong>de</strong>npúblico, en cuanto a reclamaciones <strong>de</strong> que <strong>de</strong>sapareció propiedad.310 Valga señalar que la Corte Suprema Fe<strong>de</strong>ral ha hecho hincapié en la necesidad <strong>de</strong> que se limite (estatutaria oreglamentariamente) la discreción <strong>de</strong> los funcionarios que hacen el inventario, particularmente en cuanto a si abren o no lospaquetes o bultos (containers) cerrados por aparecer en el vehículo. Véase, Florida v. Wells, 110 S. Ct. 1632 (1990). Estimo queel formulario PPR 128, al que se refiere el Tribunal Supremo <strong>de</strong> Puerto Rico en Sánchez Molina, 93 JTS 140, es insuficiente bajola jurispru<strong>de</strong>ncia fe<strong>de</strong>ral.311 392 U.S. 1 (1968).312 Véase mi obra citada en el escolio 2. Vol. I, § 6.20.313 Pueblo v. Fournier, 77 D.P.R. 222, 262-263 (1954). Aquí se rechaza la <strong>de</strong>tención para investigación en el sentido <strong>de</strong> sometera una persona a un extenso e intenso interrogatorio, que nada tiene que ver con la <strong>de</strong>tención tipo Terry. Fournier, resuelto catorceaños antes que Terry, se refiere a la investigación <strong>de</strong> un <strong>de</strong>lito ya cometido y no a su evitación.314 106 D.P.R. 348, 355, escolio 4 (1977). Recientemente, en Pueblo en interés <strong>de</strong>l menor N.O.R., 94 J.T.S. 118, escolio 14, elTribunal Supremo, refiriéndose al “stop and frisk” señaló que “su futuro es aún incierto en nuestra jurisdicción”.
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