Revista Volumen V - Academia PuertorriqueÃ±a de Jurisprudencia y ...

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Legislativa enmendó la Ley 53 original para convertir en delito el meramente “pertenecer” apartidos “subversivos”.Las fuertes y constantes críticas a la Ley 53 y a su aplicación, no calaron tan hondo en laconciencia del Gobernador y de la Asamblea Legislativa como lo hizo la decisión del TribunalSupremo de los Estados Unidos en el caso de Pennsylvania v. Nelson, 350 U. S. 497 (1956), resueltoel 2 de abril de 1956. El Tribunal Supremo Federal, por voz del entonces Juez PresidenteEarl Warren, confirmó la sentencia del Tribunal Supremo de Pennsylvania. Al confirmar ladecisión del más alto foro judicial de Pennsylvania, que había revocado la sentencia de culpabilidadde Steve Nelson, un simpatizante del Partido Comunista, que había sido convicto deviolar la ley contra la sedición del Estado de Pennsylvania, que había revocado el fallocondenatorio del tribunal de instancia, el Tribunal Supremo Federal estableció que, debido a lanecesidad de proveer uniformidad nacional en la tipificación de delitos contra la Nación, losestatutos estatales contra la sedición debían ceder ante la ley federal. Esto es, a juicio delTribunal Supremo de los Estados Unidos, el Congreso había claramente intentado ocupar elcampo de las leyes contra la sedición al aprobar la Ley Smith. 4 Aunque la opinión dePennsylvania v. Nelson no mencionaba Puerto Rico, gran parte de la comunidad legal en el Islaentendía que dicha decisión había anulado la Ley de la Mordaza, mediante la expresión clara delTribunal Supremo Federal de que el campo había sido ocupado por el Congreso de los EstadosUnidos. Esta interpretación, sin embargo, no la compartía el entonces Secretario de Justicia, ellicenciado José Trías Monge, quien formaba parte del Comité de Derechos Civiles, nombradopor Muñoz Marín el 11 de febrero de 1956.Durante los primeros meses desde la formación del Comité de Derechos Civiles, el pueblono estuvo enterado de la naturaleza del trabajo que se realizaba. A medida que pasaba el tiempo,la prensa fue obteniendo información sobre que, a raíz de los estudios efectuados por el Comité,se liberalizaría la Ley 53. Poco antes de someterse el informe del Comité al Gobernador, ya losmedios noticiosos difundían la información de que se recomendaría la derogación de la citadaley.El 29 de julio de 1957, la Asamblea Legislativa se reunió en sesión extraordinaria a peticióndel Gobernador. Muñoz dijo en un mensaje especial que el informe del Comité de DerechosCiviles le fue entregado cinco días antes de recesar la Asamblea Legislativa, razón por la cual nopudo estudiarlo cuidadosamente ni formular sus decisiones en torno al mismo. Señaló elGobernador que las dos recomendaciones principales contenidas en el informe del Comité deDerechos Civiles eran la derogación de la Ley 53 y el indulto de las personas convictas porinfracciones a ese estatuto. Como ya Muñoz había actuado sobre esta segunda propuesta, alindultar a trece infractores de la Ley de la Mordaza el 19 de julio, recomendaba en su mensajeque se siguiera la primera recomendación del Comité, esto es, la derogación de la Ley 53.Luego de defender los fundamentos que motivaron la adopción de dicha ley, Muñoz dijo quesu decisión de solicitar la derogación de la Ley “se funda en el criterio de que, aun en relacióncon [los] elementos subversivos, hay otras leyes vigentes, capaces de proteger los derechos denuestro pueblo, sin que pudieran prestarse, bajo gobiernos irresponsables, a menoscabar el climademocrático de Puerto Rico”. 5Los miembros del Comité de Derechos Civiles, creado por el Gobernador Muñoz Marín enel 1956, eran:4Nowak, Rotunda & Young, Constitutional Law, pp. 296-297, (1986).5Diario de Sesiones, 29 de julio de 1957, p. 2212.
Félix Ochoteco, el entonces presidente del Colegio de Abogados y prominente abogadocivilista y criminalista. Francisco Ponsa Feliú, quien fue fiscal de la Corte Federal, profesor deDerecho, miembro del Consejo de Educación Superior y quien, al igual que Ochoteco, fuera unode los abogados que defendieron en el 1954 a los quince Nacionalistas acusados de violar la Ley53.Abraham Díaz González, ex-Juez del Tribunal Superior, quien fue Rector del RecintoUniversitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y Presidente del Colegio deAbogados. Juan B. Fernández Badillo, quien eventualmente sustituiría a Trías Monge comoSecretario de Justicia y pasó a ser el presidente del Comité de Derechos Civiles.José Trías Monge, el entonces Secretario de Justicia, quien fuera Delegado a la ConvenciónConstituyente, Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, miembro del Consejo deEducación Superior, y autor de varias obras jurídicas. Marcos Ramírez, representante a laCámara y futuro Presidente del Consejo de Educación Superior. Ramírez sería uno de los abogadosque en el 1987 representarían al Gobierno del Estado Libre Asociado en el caso de laslistas de subversivos, luego de que el Representante a la Cámara por el Partido IndependentistaPuertorriqueño, David Noriega Rodríguez, y el licenciado Graciany Miranda Marchandpresentaran demanda de interdicto contra el Gobierno para que, entre otros aspectos, se declararailegal e inconstitucional la práctica de mantener las listas y expedientes. Roger Baldwin, el ex-Presidente de la ACLU, fungía como asesor del Comité. 6Ya para 1951, Baldwin había expresado que la Ley 53 estaba sujeta a los mismos ataquesque la ACLU había lanzado contra la Ley Smith en Estados Unidos, y que ambas se prestabanpara el atropello de la libertad de asociación y de expresión. Sin embargo, la ACLU tardó demasiadoen dar su apoyo a aquellos que habían sido encarcelados o procesados bajo la Ley 53.6Roger Baldwin falleció en 1981. El 21 de enero de 1985, Don José Trías Monge ofreció un mensaje a la Primera Conferencia enHonor de Roger Baldwin, en el que concluyó con las siguientes expresiones:“Permítanme, por ultimo, intentar resumir, al menos, parte del credo personal de Roger Baldwin sobre la condición de losderechos humanos en Puerto Rico, en las últimas décadas de su vida. Baldwin consideraba que se habían logrado adelantos, peroque esta sociedad padece de inquietantes defectos. Veamos una lista parcial de sus preocupaciones principales:1. La falta de conciencia del puertorriqueño de sus propios derechos.2. La escasa participación ciudadana en las decisiones gubernamentales.3. La naturaleza autoritaria de esta sociedad; su vocación de intolerancia.4. El fanatismo partidista.5. La disciplina férrea interna de los partidos.6. La confusión entre partido y gobierno; el uso de las agencias públicas para fines partidistas; el empleo de propiedad pública enlas elecciones.7. La concentración excesiva; la necesidad de reconocerles más poderes a los gobiernos municipales.8. El papel apagado de la Asamblea Legislativa; la importancia de mayor supervisión legislativa de las operacionesgubernamentales.9. Poco reconocimiento del derecho de información. Urgencia de mayor acceso de la prensa a las fuentes gubernamentales deinformación.10. Los obstáculos todavía existentes respecto a la independencia judicial; el método y duración de los nombramientos.11. Las deficiencias en la administración de la justicia; la congestión en los calendarios, la demora en la solución de las causas, laescasa ayuda legal al indigente.12. Las violaciones ocasionales y a veces frecuentes por la policía de los derechos civiles de los ciudadanos.13. La resistencia de los Estados Unidos a reconocer de veras, más allá del plano de la simple retórica, el derecho de Puerto Ricoa la libre determinación.Estas preocupaciones de Roger Baldwin inspiraron su gran aportación al estudio y desarrollo de los derechos humanos en PuertoRico. Esas preocupaciones deben constituir también parte de nuestra agenda del futuro”. José Trías Monge, Roger Baldwin y losderechos humanos en Puerto Rico, 54 REV. JUR. U.P.R. 175, pp. 179-180 (1985), publicado también en el libro Sociedad,Derecho y Justicia 340 (1986) del mismo autor.
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