Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

4unos 30,000 pacientes que murieron por fallo hepático. Hace cinco años, la demanda excedíadiez veces la cantidad disponible; hoy quizás sea aún mayor. Y nos tenemos que preguntar:¿Cuál es el nivel de suficiencia de los ciudadanos de países industrializados por biopiezas derepuesto? ¿Podría aspirar toda la humanidad a recibir transplantes de órganos, o estamos ante lapremisa inarticulada de que inevitablemente una parte de la humanidad está condenada, ameramente, suplirlos?Y, en esa misma línea, nos volvemos a preguntar, ¿puede un pariente obligar a otro adonarle tejido necesario para su supervivencia? En un caso reciente del estado de Pennsylvania,McFall vs. Shimp 3 (1978), un individuo moribundo solicitó al tribunal que obligara a su primohermano a someterse a una operación para transplantarle médula ósea. Si se hubiera concedido losolicitado, que no lo fue, ¿cuál sería el límite de los transplantes involuntarios permitidos?¿Hasta qué punto sería cónsona con la ética biomédica la remoción involuntaria de tejido sano aun ser humano, para actividades que no le beneficien directamente? ¿Habría sido diferente ladecisión del tribunal si hubieran sido hermanos, padre e hijo, o si lo hubiera gestionado el padrede gemelos menores de edad, uno para el otro?Es menester guardarnos del determinismo tecnológico, todo lo que técnicamente puedahacerse, debe hacerse; esto es, guardarnos de quienes sólo se preguntan: ¿cuántos órganos ytejidos humanos harían falta para salvar todas las vidas que, técnicamente, puedan salvarse? Esarealidad requiere un esfuerzo mayor, a nivel internacional, para controlar el tráfico ilícito deórganos, mientras existan compradores.A pesar de que hace ya cuarenta años del primer transplante de riñón, aún quedan muchosasuntos por resolver en el campo de los transplantes. ¿Cuánto nos tomará dilucidar los asuntosque surgen en nuestros días? Al calor de las nuevas tecnologías médicas, nuestra sociedadindustrial ha inventado necesidades que antes eran impensables; hasta hemos logrado atrasar lamuerte, redefiniéndola. Hemos pasado de la conceptualización del cuerpo humano como objetoseparable en sus partes para análisis y tratamiento, a la separación física de sus partesconstitutivas.En un artículo de la Revista Jurídica de la Universidad de Southwestern 4 se propuso, haráunos dos años, la “confiscación involuntaria de órganos” como una alternativa a la pena demuerte. Como fundamento para ello, se alegó un mejor uso de recursos. Según la autora, selograría que, aunque incompleto, el antes condenado a muerte siga viviendo. Pero, si se establecieraesa modalidad, ¿cuáles serían los límites? Después de los condenados a muerte, ¿seguiránlos pacientes de enfermedades mentales incurables, los comatosos? ¿Dónde marcar la línea? Elpresente modelo de formulación de las normas jurídicas, nos indica el Juez Baudouin, no es demucha ayuda. Cristalizar la referida norma nunca será tarea sencilla.Coincido con el Juez Baudouin en que los procesos legislativos deben tener un peso relativomayor que los adjudicativos, si queremos lograr una conceptualización coherente de la aplicaciónde la tecnología médica. Ésta debe atender, a tiempo, sus aspectos éticos, sociales, económicosy políticos, de cara a las generaciones por venir.Advertimos, sin embargo, que la conciencia ética de las personas no puede ser legislada. Engran medida, la observación del requerimiento ético es fruto, más que de una buena legislación,de una buena educación. No me refiero a una educación que meramente transmita o divulgue los3McFall v. Shimp, 10 Pa. D & C 3d 90, 92 (1978)4 Stone, Biomedical Engineering Alternatives to the Death Penalty: Modern Technology Challenges to Traditional Forms ofCapital Punishment, 19 S. CAL. REV. 17 (1990).