Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

2En este escrito trataré de establecer cuál es la situación de factura igual o más ancha 8 de losderechos de los acusados (o derechos del ciudadano en la esfera procesal penal) bajo nuestraCarta de Derechos, en relación con la protección equivalente bajo la Constitución de los EstadosUnidos. Por supuesto, hay unas garantías reconocidas en la Carta de Derechos de laConstitución de Puerto Rico que no están reconocidas ni tienen equivalente en la ConstituciónFederal. En este escrito no me propongo discutir el alcance de estas protecciones, aunque vale lapena enumerarlas y hacer unas observaciones mínimas.(i) Detención preventiva y fianza: La Sección Once de la Carta de Derechos de laConstitución del E.L.A. dispone que: “Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajofianza antes de mediar un fallo condenatorio. La detención preventiva antes del juicio noexcederá de seis meses”.Bajo la Constitución de los Estados Unidos no hay derecho absoluto del imputado a quedaren libertad condicional (bajo fianza u otras condiciones) antes de un fallo condenatorio.Cualquier duda quedó disipada en United States v. Salerno. 9 En ese caso se sostuvo la validezdel estatuto federal de fianza de 1984 (18 U.S.C. 3142) en cuanto permite la negación de libertadbajo fianza a un imputado de delito a base de su peligrosidad (en cuanto a terceros y a lacomunidad en general). Se resolvió categóricamente que ni la garantía del debido proceso de leysustantivo ni la garantía contra fianzas excesivas (Enmienda Octava) tienen el alcance degarantizar en cualquier caso la libertad bajo fianza antes de convicción. Se rechazó la noción deque la detención sin fianza antes de convicción constituye “castigo” (“punishment”) sin previaadjudicación de culpabilidad. Se trata de una medida de protección social para hacer valer elinterés legítimo y apremiante de prevenir el peligro social de conducta criminal por parte deimputados peligrosos. Este interés social, en circunstancias apropiadas, pesa más que el interéslibertario del imputado, pues se trata de una zona donde el interés gubernamental es altísimo:atacar el problema de la comisión de delitos por imputados. No hay lesión al debido proceso deley sustantivo, pues la negación de fianza en estos casos no está reñida con el concepto de“ordered liberty” que caracteriza al debido proceso de ley.Mi inclinación es hacia el esquema federal. Estimo que la Asamblea Legislativa debe tenerla facultad de limitar y hasta eliminar el derecho a libertad bajo fianza, en casos apropiados, abase de la peligrosidad social del imputado. En Puerto Rico se habla totalmente fuera decontexto del alcance de la presunción de inocencia como impedimento para eliminar el derechoabsoluto del imputado a libertad bajo fianza antes de fallo condenatorio. Pero por másfundamental que sea la garantía de la presunción de inocencia, “it has no application to adetermination of the right of a pretrial detainer during confinement before his trial has evenbegun”. 10 Como he escrito en otro lugar:La presunción de inocencia es una norma de derecho probatorio sobre obligación depresentar evidencia y obligación de persuadir. Es una norma fundamental. Pero es insuficiente yde poco valor en cuanto a la determinación de los derechos del acusado en la zona de detenciónpreventiva. Iniciada la acción penal con la determinación judicial de causa probable para el8 Por supuesto, la protección en Puerto Rico no puede ser menor que la protección declarada por la Corte Suprema de los EstadosUnidos en cuanto a derechos fundamentales. La garantía federal se aplica al gobierno de Puerto Rico, bien directamente (si seestima que Puerto Rico es parte del gobierno federal), o bien a través de la Enmienda Catorce y la cláusula de debido proceso deley (si se estima que Puerto Rico es como un “estado” a los fines de la teoría de incorporación selectiva de la Carta de Derechosde la Constitución Federal a los Estados). Véase, Chiesa, obra citada en el anterior escolio 2, §1.1, pp. 36-39.9 481 U.S. 739 (1987).10 Bell v. Wolfish, 441 U.S. 520, 533 (1979).