Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

11En definitiva, no puede hablarse de “factura más ancha” en la zona de confrontación.E. Asistencia de Abogado: La Sección Once de nuestra carta de derechos dispone que entodos los procesos criminales el acusado disfrute del derecho a tener asistencia de abogado. Lacláusula es igual a la establecida al final de la Enmienda Sexta.La Corte Suprema de los Estados Unidos ha resuelto que -a pesar de que la cláusula serefiere a "in all criminal prosecutions"- el derecho a asistencia de abogado sólo se extiende aacusación por delito grave o serio en cuanto a sus consecuencias. 61 En síntesis, se ha resueltoque lo que prohíbe la Enmienda Sexta es que un indigente sea sentenciado a un término dereclusión sin que el gobierno le provea asistencia de abogado para su defensa. 62 Además, aunquese trate de convicción sin sentencia de reclusión, la convicción no podrá ser usada a fines dereincidencia si no hubo asistencia de abogado para el convicto indigente. 63En Puerto Rico, el derecho a asistencia de abogado en delito menos grave es confuso encuanto a su rango. Estatutariamente ese derecho está reconocido en la Regla 159(a) de ProcedimientoCriminal, que se refiere a la asistencia de abogado en casos ante el Tribunal de Distrito:Asistencia de abogado. Al llamarse un caso para juicio, si el acusado compareciere sin abogado,el tribunal deberá informarle de su derecho a tener asistencia de abogado, y si el acusado nopudiere obtener los servicios de un abogado, el tribunal le nombrará un abogado que lorepresente, a no ser que el acusado renunciare a su derecho a tener asistencia de abogado. Elabogado que se le nombre por el tribunal prestará sus servicios sin costo alguno para el acusado.El tribunal deberá concederle al abogado un término razonable para preparar la defensa delacusado.un juicio, vista a otro procedimiento, o en una deposición. Si la declaración anterior es consistente con el testimonio en corte,sólo se admite si sirve par rehabilitar la credibilidad del testigo ya impugnado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico defendiónuestra Regla 63 frente a la Regla Federal: Pueblo v. Esteves, 110 D.P.R. 334 (1980) y recientemente señaló las circunstanciasbajo las cuales una declaración anterior de un testigo de cargo, inconsistente con su testimonio en corte que fue favorable alacusado, admitida bajo la Regla 63, es suficiente para sostener una convicción: Pueblo v. Adorno Cabrera, 93 J.T.S. 107. Locierto es que una declaración anterior de un testigo de cargo, hecha sin juramento y sin ningún tipo de confrontación, y hasta enforma oral sin que conste fehacientemente que realmente se hizo, puede ser el fundamento de una convicción bajo nuestra Regla63, aunque el testigo en corte repudie tal declaración anterior y testifique a favor del acusado. Nada hay aquí de “factura másancha” en cuanto a protección del acusado. Valga añadir que mediante opinión de 10 de enero de 1995 -Tome v. United States,1995 WL 5776, 115 S. Ct.-, la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo una interpretación restrictiva de la Regla de EvidenciaFederal 801 (d)(l)(B), que permite como prueba sustantiva cierto tipo de declaración anterior de un testigo, consistente ocompatible con su testimonio en corte.60Nuestra Regla 65(H) de Evidencia, sobre récords e informes oficiales, se aparta del modelo federal -Regla 803(8)- al nodistinguir entre distintos tipos de récords e informes oficiales. La regla federal excluye como prueba de cargo los informespolicíacos o de otros agentes de orden público, aunque sean informes con conocimiento personal, y excluye como prueba contraun acusado todo informe por investigación (factual findings resulting from an investigation). Aparte de esto, el gobierno o lasagencias gubernamentales están incluidas en la definición de “negocio” a los fines de la admisión de récords del negocio, bajonuestra Regla 65(F), a diferencia del caso de la Regla Federal 803(6), que no incluye a las entidades gubernamentales bajo el término“business”. El efecto combinado de esto es que es mucho más fácil admitir contra un acusado en Puerto Rico informespolicíacos, informes de químicos e informes de autopsia, que lo que sería bajo la jurisdicción federal. Hay que decir, sinembargo, que esto no obedece a doctrina constitucional sino al derecho estatutario. Lo cierto es que las limitacionesconstitucionales, bajo el derecho a confrontación, para la admisión de prueba de referencia contra un acusado son cada vezmenos. Véase, White v. Illinois, 112 S. Ct. 736 (1992).61 Véanse, Chiesa, obra citada en escolio 2, § 7.4(A), pp. 531-532, Argensinser v. Hamlin, 407 U.S. 25 (1972), Scott v. Illinois,440 U.S. 367 (1979), Baldasar v. Illinois, 446 U.S. 222 (1980).62 Scott v. Illinois, 440 U.S. 367, 373-374 (1979).63 Baldasar v. Illinois, 446 U.S. 222 (1980). Este caso ha sido revocado recientemente en Nichols v. U.S., 114 S. Ct. 1921 (1993),donde se resolvió que si la convicción era válida por no haberse sentenciado al convicto a pena de reclusión, podría entonces serutilizada a los fines de reincidencia sin violar la Enmienda Sexta.