Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

37conceden nuestras reglas de procedimiento a la policía para efectuar un arresto. 269 En cuanto altérmino para diligenciar una orden de arresto, el debido proceso de ley y el rápido enjuiciamientoexigen que se haga el arresto dentro de un término razonable; 270 la situación es similar a lo querige en la jurisdicción federal. 271La protección contra registros, incautaciones y detenciones irrazonables.Haría falta un libro para explicar el alcance de esta protección bajo la Enmienda Cuarta ynuestra sección 10. Aquí sólo pretendo señalar las diferencias en cuanto a la “factura más ancha”de nuestra Constitución. En lo esencial, hay coincidencia.En primer lugar, la protección sólo se activa en circunstancias bajo las cuales la persona quehace el reclamo tiene un derecho razonable a abrigar la expectativa de que su intimidad serespete. Este criterio de expectativa razonable de intimidad, decisivo bajo al Enmienda Cuarta, 272ha sido adoptado y reafirmado una y otra vez por nuestro Tribunal Supremo para decidir si hayderecho a invocar la protección de nuestra sección 10. 273 Aunque pueda hablarse de que elderecho a la intimidad en Puerto Rico es de rango superior al que tiene bajo la ConstituciónFederal, 274 esto no se refleja en el criterio para activar la protección constitucional contraregistros, incautaciones y detenciones irrazonables. Aunque se activa la protección constitucional-por satisfacer el criterio rector de expectativa razonable a la intimidad- puede ocurrir, y amenudo ocurre, que intereses apremiantes del gobierno prevalezcan sobre la expectativarazonable de intimidad de quien invoca la protección, con resultado de validez del arresto,registro o incautación sin orden judicial.Procede ahora hacer un muy somero examen de las situaciones bajo las cuales es permisiblela actuación (registro, arresto, incautación) sin orden judicial, con miras a determinar si hay, enverdad, una situación jurídica de “factura más ancha” bajo nuestra Carta de Derechos,particularmente la sección 10. La actuación gubernamental puede sostenerse bien por no haberseactivado la protección constitucional -esto es, por faltar el elemento de expectativa razonable a laintimidad- o bien por no prevalecer el reclamo de la protección ante los intereses oponibles.1. Registro incidental al arresto. Una vez se produce un arresto válido, es permisible unregistro de la persona del arrestado o del lugar donde se produce el arresto, como un registroincidental al arresto. Aquí puede hablarse de “factura más ancha” de nuestra sección 10 encuanto al registro del arrestado y del vehículo en el cual viajaba el arrestado en el momento de su269 Véanse, Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734 (1981) y Pueblo v. Rivera Colón, 91 J.T.S. 61. En Rivera Colón seseñala que las disposiciones de la Regla 17 de Procedimiento Criminal, que autorizan a la policía a forzar una puerta o ventanapara realizar un arresto, hay que interpretarlas a las luz de las garantías constitucionales pertinentes (91 J.T.S. 61, a la pág. 8734).270 Véase, Pueblo v. Guardiola, 92 J.T.S. 65.271 Véase, Doggett v. United States, 112 S. Ct. 2686 (1992).272 Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967), California v. Greenwood, 486 U.S. 35 (1988), Oliver v. United States, 466 U.S.170 (1984). Recientemente la Corte Suprema Federal aclaró que en casos de incautación de propiedad, no se trata esencialmentede proteger la intimidad sino la propiedad privada misma, por lo que ya no es decisivo satisfacer el criterio de expectativarazonable a la intimidad: Soldad v. Cook County, 113 S. Ct.538 (1992).273 Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315 (1982); E.L.A. v. Puerto Rico Telephone Co., 114D.P.R. 394 (1983); Pueblo v. Pérez, 115 D.P.R. 827 (1984); Pueblo v. Rivera Colón, 91 J.T.S. 61 y Pueblo v. Muñoz Santiago,92 J.T.S. 149 (escolio 3).274 Véase mi obra citada en el escolio 2, Vol. I, §6.8. A pesar de este rango preferente de nuestro derecho a la intimidad, éste aveces no prevalece frente a otros derechos individuales fundamentales, como la libertad de expresión y de prensa -Véase, porejemplo, Clavell v. El Vocero, 115 D.P.R. 685 (1984)- ni frente a intereses apremiantes del estado, como se aprecia en E.L.A. v.Puerto Rico Telephone Co., 114 D.P.R. 394 (1983) y cuando el acusado no prevalece frente al poder investigativo del Estado enla zona criminal.