18jurado. 116 Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha evadido resolver la situación <strong>de</strong> acumulación<strong>de</strong> varios <strong>de</strong>litos menos graves en un sólo juicio. 117 En cuanto a reinci<strong>de</strong>ncia, el actualArtículo 61 <strong>de</strong>l Código Penal no contempla la situación <strong>de</strong> imputación <strong>de</strong> <strong>de</strong>lito menos grave engrado <strong>de</strong> reinci<strong>de</strong>ncia, situación también problemática en cuanto al <strong>de</strong>recho a juicio por jurado.(i) Tamaño <strong>de</strong>l jurado. Nuestra Constitución establece el jurado <strong>de</strong> doce miembros. Esto noes exigencia constitucional fe<strong>de</strong>ral. 118(ii) Veredicto por mayoría <strong>de</strong> nueve. Nuestra Constitución establece que el jurado podráemitir “veredictos por mayoría <strong>de</strong> votos en el cual <strong>de</strong>berán concurrir no menos <strong>de</strong> nueve”. LaEnmienda Sexta no obliga a los Estados en cuanto a un veredicto por unanimidad, 119 pues no seestima que sea exigencia <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bido proceso <strong>de</strong> ley (Enmienda Catorce). El acusado pue<strong>de</strong>renunciar al jurado <strong>de</strong> doce, siempre que se mantenga el requisito <strong>de</strong> veredicto por mayoría <strong>de</strong>nueve, 120 pues esto le conviene en términos <strong>de</strong> proporción <strong>de</strong> votos mayoritarios (<strong>de</strong> 3/4 sube a9/11, 9/10 o unanimidad <strong>de</strong> los nueve).(iii) Vecinos <strong>de</strong>l distrito. Este requisito <strong>de</strong> vecindad tiene menor importancia en Puerto Ricopor razón <strong>de</strong> nuestra pequeña extensión territorial y cierta homogeneidad cultural e i<strong>de</strong>ológica enlos varios distritos judiciales. Con todo, es una exigencia constitucional tomada livianamente porel Tribunal Supremo <strong>de</strong> Puerto Rico, al permitir el traslado <strong>de</strong> un caso a otro distrito judicial, apetición <strong>de</strong>l ministerio público y sin la anuencia <strong>de</strong>l acusado, a pesar <strong>de</strong> que no se haya<strong>de</strong>mostrado cabalmente la imposibilidad <strong>de</strong> conseguir un jurado imparcial en el distrito concompetencia. 121(iv) Composición y selección <strong>de</strong>l jurado: (a) Requisito <strong>de</strong> representatividad (“fair cross”Section requirement) 122 . Aquí no hay indicio alguno <strong>de</strong> “factura más ancha” en Puerto Rico.Rige aquí la doctrina fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> que el jurado sea seleccionado entre un grupo representativo <strong>de</strong>la comunidad, por exigencia <strong>de</strong> la cláusula <strong>de</strong> juicio por jurado en la Enmienda Sexta. 123 Esto setraduce en que <strong>de</strong>l grupo entre el cual se selecciona el jurado no pue<strong>de</strong>n ser sistemáticamenteexcluidos segmentos o clases importantes, como <strong>de</strong>terminado sexo o raza. También se prohíbe lasub-representación, como cuando en el grupo entre el cual se va a elegir el jurado hay sólo un15% <strong>de</strong> mujeres, a pesar <strong>de</strong> que las mujeres constituían el 54% <strong>de</strong> la población. 124 Adviértaseque este requisito no se extien<strong>de</strong> al jurado finalmente seleccionado (petit jury), el cual pue<strong>de</strong>116 Así ocurre, por ejemplo, en el caso <strong>de</strong> homicidio involuntario. Véanse, Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 446 (1970) yPueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986).117 Pueblo v. Santiago Agricourt, 108 D.P.R. 612 (1979).118 Williams v. Florida, 399 U.S. 78 (1970). Se sostuvo en ese caso la vali<strong>de</strong>z <strong>de</strong> un jurado <strong>de</strong> seis miembros utilizado en Florida.Pero es inconstitucional el jurado <strong>de</strong> cinco: Ballew v. Georgia, 435 U.S. 223 (1978).119 Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 404 (1972). Este caso produjo varias opiniones con un resultado algo acci<strong>de</strong>ntal y extraño: elelemento <strong>de</strong> unanimidad en el veredicto es componente esencial <strong>de</strong> la cláusula <strong>de</strong> juicio por jurado en la Enmienda Sexta, queobliga a la jurisdicción fe<strong>de</strong>ral, pero que no ha sido incorporado a los Estados a través <strong>de</strong> la Decimocuarta Enmienda (cláusula<strong>de</strong>l <strong>de</strong>bido proceso <strong>de</strong> ley).120 Pueblo v. Camacho Vega, 111 D.P.R. 497 (1981).121 Así lo permite la Regla 81 <strong>de</strong> Procedimiento Criminal y lo valida el Tribunal Supremo: Pueblo v. Santiago Acosta, 121 D.P.R.727 (1988). Más recientemente, el Tribunal Supremo señaló que la Regla 81 <strong>de</strong>bía ser consi<strong>de</strong>rada a la luz <strong>de</strong>l <strong>de</strong>rechoconstitucional <strong>de</strong>l acusado que ha <strong>de</strong> ser juzgado por vecinos <strong>de</strong>l distrito. Pueblo v. Rodríguez Zayas, 95 J.T.S. 3.122 En general, Véase, Chiesa, obra citada en escolio 2, Vol. II, § 15.3(A), pp. 298-303.123 El caso principal es Tayor v. Louisiana, 419 U.S. 522 (1975), don<strong>de</strong> se dijo que “the selection of a petit jury from arepresentative cross section of the community is an essential component of the Sixth Amendment right to a jury trial” (pág. 528).124 Duren v. Missouri, 439 U.S. 357 (1979).
19quedar compuesto por todos blancos, o todos hombres, etc. 125 Esta exigencia <strong>de</strong> representatividadse aplica, por supuesto, en Puerto Rico. 126(b) Discrimen en el proceso <strong>de</strong> selección (recusaciones): Por exigencia <strong>de</strong> la igualprotección <strong>de</strong> las leyes, no pue<strong>de</strong> discriminarse impermisiblemente en el proceso <strong>de</strong> selección <strong>de</strong>ljurado, como ocurre cuando se recusa a una persona, aun perentoriamente, por razón <strong>de</strong> su raza.La doctrina constitucional fe<strong>de</strong>ral evolucionó en esta zona hasta que en Batson v. Kentucky 127 laCorte Suprema resolvió que el acusado establece un caso prima facie <strong>de</strong> discrimen <strong>de</strong>liberado <strong>de</strong>lMinisterio Fiscal en el proceso <strong>de</strong> selección <strong>de</strong> jurado, a base <strong>de</strong> que el fiscal utilizó las recusacionesperentorias para excluir a miembros <strong>de</strong> la raza a la que pertenece el acusado, con efecto <strong>de</strong>que correspon<strong>de</strong> al Ministerio Fiscal articular una razón neutral (no racial) para su recusación.En Powers v. Ohio 128 la Corte abandonó el requisito <strong>de</strong> que el acusado perteneciere a la razaexcluida y resolvió que un acusado pue<strong>de</strong> objetar, bajo la cláusula <strong>de</strong> igual protección <strong>de</strong> lasleyes, la exclusión <strong>de</strong> jurados <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminada raza mediante recusaciones perentorias, aunque élno pertenezca a la raza excluida. Más recientemente la Corte Suprema resolvió que estaprohibición <strong>de</strong> discrimen en el proceso <strong>de</strong> selección <strong>de</strong>l jurado, se aplica también en casosciviles 129 y en contra <strong>de</strong>l acusado o abogado <strong>de</strong>fensor que discrimina por razón <strong>de</strong> raza. 130 LaCorte Suprema estimó que esta prohibición a la <strong>de</strong>fensa, <strong>de</strong> no discriminar en el proceso <strong>de</strong>selección <strong>de</strong>l jurado, no estaba reñida con el <strong>de</strong>recho constitucional <strong>de</strong>l acusado a una efectivaasistencia <strong>de</strong> abogado. Toda esta jurispru<strong>de</strong>ncia obliga a Puerto Rico. No cabe aquí hablar <strong>de</strong>“factura más ancha”, y nuestro Tribunal Supremo no podría resolver que pesa más el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong>lacusado a efectiva asistencia <strong>de</strong> abogado que la prohibición <strong>de</strong> discrimen bajo la igual protección<strong>de</strong> las leyes.En J.E.B. v. Alabama, 114 S.Ct. 1419 (1994) la Corte Suprema extendió la prohibición adiscriminación por razón <strong>de</strong> género (sexo) en el caso <strong>de</strong> las recusaciones perentorias.Las limitaciones constitucionales a la regulación <strong>de</strong>l juicio por jurado, más allá <strong>de</strong> lo antesexpuesto, son en Puerto Rico las mismas que rigen en la jurisdicción fe<strong>de</strong>ral.Veamos ligeramente los aspectos fundamentales. En Puerto Rico no hay jurado para laadjudicación <strong>de</strong> faltas imputadas a menores. La cláusula <strong>de</strong> juicio por jurado en la EnmiendaSexta no se extien<strong>de</strong> a procedimientos <strong>de</strong> menores. 131 Tampoco se utiliza el jurado en PuertoRico en la etapa <strong>de</strong> imposición <strong>de</strong> sentencia. La Corte Suprema <strong>de</strong> los Estados Unidos haresuelto que el <strong>de</strong>recho a juicio por jurado (Sexta Enmienda) no se extien<strong>de</strong> a procedimientospara imposición <strong>de</strong> sentencia, ni siquiera en casos <strong>de</strong> vista para <strong>de</strong>terminar si al convicto se leimpone o no una sentencia <strong>de</strong> muerte. 132El <strong>de</strong>recho a juicio por jurado es renunciable; no hay impedimento constitucional para talrenuncia. 133 Pue<strong>de</strong> condicionarse la renuncia al jurado, cuando ya ha comenzado el juicio, a laanuencia <strong>de</strong>l juez y <strong>de</strong>l fiscal. 134 Hay exigencia constitucional <strong>de</strong> que el tribunal se cerciore, <strong>de</strong>125 Holland v. Illinois, 110 S. Ct. 803 (1990).126 Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980).127 476 U.S. 79 (1986).128 111 S. Ct. 1364 (1991).129 Edmerson v. Leesville Concrete Co., 111 S. Ct. 2077 (1991).130 Georgia v. McCollum, 112 S. Ct. 2348 (1992).131 Mckeiver v. Pennsylvania, 403 U.S. 528 (1971).132 Spaziano v. Florida, 468 U.S. 447 (1984).133 Patton v. United States, 281 U.S. 276 (1930).134 Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982); Pueblo v. Rivero, 121 D.P.R. 454 (1958) y Regla 111 <strong>de</strong> ProcedimientoCriminal.
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