Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

coordinación interagencial, con participación ciudadana, para brindar servicios de protección almenor, relacionados con la prevención, identificación y/o tratamiento de casos de maltrato onegligencia. 172. A nivel de prevención específica, la propia Ley 75 impone la obligación jurídico-penal alos profesionales en el servicio público y privado (en particular de la salud, de la educación, delorden público, del trabajo social, y a las personas dedicadas a labores de dirección o de trabajoen instituciones o centros de cuidado o rehabilitación de menores) de informar sobre casos enque existan, o se sospeche, maltrato o negligencia contra un menor. 18Asimismo, la Ley 88 de 9 de julio de 1988 (Ley de Menores), que crea las figuras delespecialista y el técnico de Relaciones de Familia, en conjunción con la Ley 22 de 22 de abril de1988, que establece la Carta de Derechos de Víctimas de Delito, reconoce al menor un trato justoy la protección judicial, tanto en calidad de imputado de falta como en calidad de víctima. Eneste último caso, la Ley 22 se destaca por ofrecer al niño testigo, doblemente victimizado, por laconducta delictiva y por su exposición al proceso, un trato digno en los tribunales. Me placeseñalar que este último fue un logro del Primer Congreso Interfase de Justicia Juvenil. 19VI. Conclusiones y recomendacionesNo cabe duda de que nuestra legislación protectora de menores sea una de las más completasy que incluye las garantías y derechos que recogen las legislaciones estatales, federales einternacionales. Ahora bien, una realidad debe dirigir todos los esfuerzos: la prevención generaldel maltrato y violencia contra menores no debe ser política individual de una agencia gubernamentalsino el resultado de una integración.Tras haber escuchado las ponencias ante este foro, y de haber analizado la realidad,consecuencias y alternativas de prevención que se han discutido en él, estamos más queconvencidos de que la carga no debe recaer exclusivamente sobre los hombros del Departamentode Servicios Sociales, sino que debe ser el esfuerzo conjunto de éste con el Departamento deJusticia, la Administración de Tribunales, Instituciones Juveniles y la ciudadanía, la cual, segúnhemos podido constatar durante los días de celebración de este Congreso, lleva a cabo una laborinigualable en la atención de niños maltratados y contribuye con su esfuerzo a la superación deellos y a su saludable inserción social.Debe evaluarse la alternativa que ofrece la privatización de los servicios, naturalmente,reteniendo las obligaciones constitucionales que se transfieren al sector privado, en cuantoagente del Estado, en el cumplimiento de sus funciones. Esta alternativa se ofrecedefinitivamente fructífera.Optar por ella no significa, sin embargo, olvidar que la mejor alternativa está en laconcientización ciudadana de que: Cada familia transmite a sus miembros su más profundosignificado, su concepción de lo que debe ser y lo que no debe ser y, en igual medida, le17Artículo 36.18El artículo 13 de la Ley 75 penaliza como delito menos grave la omisión intencional y voluntaria de informar de los casosrelatados.19 Véanse, Mercedes Cintrón, Implicaciones Psicosociales de la Participación de Niños en Procesos de Enjuiciamiento Criminal,47 y Olga E. Resumil de Sanfilippo, La Víctima en nuestro Sistema de Justicia Criminal, ¿la legitima el derecho?, en PedroVales, ED., Justicia Juvenil y la Prevención de la Delincuencia, Primer Congreso Interfase de Justicia Juvenil, Oficina deAsuntos de la Juventud. (1988).