Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

22Tribunal Supremo ha seguido celosamente los imperativos que impone Miranda v. Arizona, 151 enesta zona. Valga señalar que recientemente nuestro Tribunal Supremo ha hecho hincapié en algoelemental, pero a veces ignorado: que las reglas y advertencias de Miranda sólo se activancuando se somete a un sospechoso a interrogatorio bajo custodia: si falta alguno de estosaspectos -esto es, si el interrogado no era todavía “sospechoso”, o el sospechoso no fue sometidoa “interrogatorio”, o si el interrogatorio no fue “bajo custodia”-, no es necesario que se impartanlas advertencias. 152 El Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha citado y seguido conaprobación jurisprudencia de la Corte Suprema Federal en cuanto a la renuncia del interrogado asu derecho a no declarar y a estar representado por abogado durante el interrogatorio bajocustodia. 153 Hay otra jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos cuya aplicabilidaden Puerto Rico no ha sido considerada por nuestro Tribunal Supremo. Así ocurre con lajurisprudencia federal que permite para fines de impugnar la credibilidad del acusado que optapor declarar, declaraciones obtenidas por los agentes en violación a las reglas de Miranda y queno serían admisibles como prueba sustantiva. 154 Tampoco se sabe el status en Puerto Rico de lallamada excepción de “seguridad pública”. 155(ii) Alcance del privilegio: Peligro real de convicción. No hay indicio alguno de extender elprivilegio contra la auto-incriminación más allá de situaciones donde obligar a declarar ponga alinterrogado en peligro real de responsabilidad criminal. 156 No basta peligro de responsabilidadcivil o administrativa, ni mucho menos de responsabilidad social. Además, el peligro ha de serreal, lo que no se cumple cuando la acción penal en que se fundaría el reclamo del privilegio estáprescrita, extinguida o hay impedimento (doble exposición, etc.).(iii) Alcance del privilegio: limitación a testimonio compelido: Tampoco hay indicio algunode que en Puerto Rico el derecho contra la auto-incriminación se extienda más allá de la esferade testimonio compelido de una persona natural. 157 El privilegio no se extiende a prohibición decompeler a muestras de sangre 158 o escritura, 159 ni a exhibir características físicas, incluyendo elcuerpo 160 o la voz. 161 La prohibición es sólo contra testimonio compelido y no contra compulsióna producir todo tipo de evidencia. 162 Tampoco hay prohibición de compeler a producción de151 384 U.S. 436 (1966). Se trata de un asunto complejo, pues la progenie de Miranda tiene sus sutilezas. Véase, Chiesa, obracitada en escolio 2, Vol. I, § 2.3, pp. 69-105.152 Pueblo v. López Guzmán, 92 J.T.S. 142, pág. 10058.153 Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 515 (1987).154 Harris v. New York, 401 U.S. 222 (1971), Oregon v. Hass, 420 U.S. 714 (1975).155 New York v. Quarles, 467 U.S. 649 (1984). Aquí se resuelve que puede someterse a un interrogatorio bajo custodia alsospechoso, sin previas advertencias de Miranda, en circunstancias extraordinarias, para proteger la seguridad pública, esto es,cuando impartir las advertencias engendra un grave peligro para la seguridad de terceros.156 Ullman v. United States, 350 U.S. 422 (1956).157 El privilegio o derecho no se extiende a entidades jurídicas, como a corporaciones, sociedades, uniones obreras, etc. Véanse,Hale v. Henkel, 201 U.S. 43 (1906), United States v. White, 322 U.S. 694 (1944), Braswell v. United States, 108 S.Ct. 2284(1988).158 Véanse, Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966) y Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).159 Véanse, Gilbert v. California, 388 U.S. 263 (1967) y Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 397 (1968). En este último caso,nuestro Tribunal Supremo resuelve que no eran admisibles como prueba contra un acusado unas muestras de escrituras tomadasal acusado sin asistencia de abogado, pero no por violar el derecho contra la auto-incriminación, sino por violar el derecho contraasistencia de abogado: como se trataba de un caso de falsificación de documentos, la toma de muestra de escritura era una etapacrucial que requería asistencia de abogado.160 Véase, Pueblo v. Aspurría, 61 D.P.R. 252 (1953).161 Véase, Pueblo v. Adorno Quiñones, 101 D.P.R. 429 (1973).162 Véase, Baltimore City Department of Social Services v. Bouknight, 110 S.Ct. 900 (1990). Aquí se sostiene la validez deordenar, so pena de desacato, a una señora a que entregara a su pequeño hijo, ante sospecha de maltrato, aunque la producción delniño reflejara que había sido maltratado. No se trata de testimonio compelido. En Puerto Rico, véase, Meléndez (FEI) v. TribunalSuperior, 94 J.T.S. 42.