Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

12En Soto Ramos v. Superintendente de la Granja Penal, 64 el Tribunal Supremo de PuertoRico, en lo que es claramente dicta, 65 expresó lo siguiente: “Este Tribunal ha mantenido unaposición de avanzada, no aventajada por nadie, en materia del derecho de los acusados a tenerasistencia legal. Aun cuando Powel v. Alabama, 287 U.S. 45 (1932) se limitó en su expresión acasos de delitos capitales o muy graves, este Tribunal ha reconocido ese derecho en cuanto atodo delito, las faltas leves inclusive. Puede decirse que no fue hasta casi los otros días que elTribunal Supremo de los Estados Unidos, en Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335, resuelto en 18de marzo de 1963, revocó su decisión en Betts v. Brady, emitida y en vigor desde el año 1942, enque se había establecido que constitucionalmente un Estado no venía obligado a proveerleasistencia legal en el juicio a un acusado en todos los ocasiones y bajo cualquier circunstancia.Este Tribunal ha garantizado el derecho a la asistencia de abogado en todo momento delprocedimiento criminal, incluyendo la lectura de la acusación misma, antes de que se resolvieraHamilton, y provee esa asistencia en apelación aun antes de que se resolviera Douglas”. 66En Pueblo v. Dolce, 67 el Tribunal Supremo citó con aprobación este párrafo de GranjaPenal, en puro dicta, 68 para ilustrar la vitalidad independiente de nuestra Constitución, particularmentela Carta de Derechos, frente a la jurisprudencia de la Corte Suprema de los EstadosUnidos. Con apoyo en Granja Penal, en Dolce se dice que “reconocimos el derecho de un acusadode delito menos grave a estar representado por abogado mucho antes de Gideon v.Wainright, 372 U.S. 337 (1963)”. 69 Pero esto es dicta sobre dicta y no se invoca el caso en queen Puerto Rico se reconoce el derecho constitucional a asistencia de abogado en juicio por delitomenos grave. Aunque ese derecho existe por imperativo estatutario bajo la Regla 159(a) deProcedimiento Criminal, su rango constitucional me parece dudoso o algo confuso.Más allá de esto, no parece haber mayor protección en Puerto Rico que la que existe bajo laEnmienda Sexta según interpretada por la Corte Federal; se destacan las siguientes normas:(i) El derecho de asistencia de abogado sólo se activa a partir del inicio de losprocedimientos judiciales adversativos. 70(ii) Una vez activado, el derecho a asistencia de abogado sólo se aplica a etapas críticas delprocedimiento. 7164 90 D.P.R. 731 (1964).65 El caso se refiere al problema de obtención de confesiones sin asistencia de abogado, y a convicciones por delitos graves. No setrataba de derecho a asistencia de abogado en casos de delitos menos graves, sino del efecto retroactivo de las normasestablecidas en Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964), esto es, al derecho a asistencia de abogado en un interrogatorio bajocustodia que se le hace a un sospechoso.66 90 D.P.R. 731-734 (1964).67 105 D.P.R. 422, 428 (1976).68 Dolce, se refiere a un problema del alcance de la protección contra registros y detenciones irrazonables bajo la Sección 10 denuestra Carta de Derechos y tras invocarse la “factura más ancha”, en comparación con la Enmienda Cuarta, se confirma lasentencia de convicción apelada aplicándose la norma de “evidencia a plena vista”, originada en la Corte Suprema Federal bajo laEnmienda Cuarta.69 105 D.P.R. 422, 428 (1976).70 Kirby v. Illinois, 406 U.S. 682, 688-689 (1972). Este momento puede ser la determinación de causa probable para el arresto, laacusación (indictment), la conducción ante magistrado tras el arresto sin orden, etc. Antes de este momento, el derecho aasistencia de abogado puede surgir como corolario de otro derecho; tal es el caso del interrogatorio de sospechoso bajo custodia,donde el derecho contra la auto-incriminación exige asistencia de abogado. Rivera Escuté v. Jefe de Penitenciaría, 92 D.P.R. 765(1966), Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).71 Esto incluye el interrogatorio de sospechosos -Massiah v. United States, 377 U.S. 201 (1964)-, la identificación de sospechososen rueda de detenidos aunque no mediante fotografías -United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967); Gilbert v. California, 388U.S. 263 (1967), United States v. Ash, 413 U.S. 300 (1973), Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977)-; comparecenciainicial ante magistrado -Michigan v. Jackson, 475 U.S. 625 (1986); White v. Maryland, 373 U.S. 59 (1963)-; vista preliminar -Coleman v. Alabama, 399 U.S. 1 (1970), lectura de acusación (arraignment)- Hamilton v. Alabama, 368 U.S. 52 (1961) y, por