Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

28En Puerto Rico sólo cabe regular el monto de la fianza, con la limitación constitucional de quetal monto no sea excesivo. También pueden imponerse condiciones no económicas al imputadoque quede en libertad bajo fianza. Hay que tomar en consideración que “si las fianzas sonexcesivas, se viola el derecho de todo acusado a estar en libertad bajo fianza, hasta que haya unveredicto sobre su acusación”. 200A mi juicio, no hay impedimento constitucional para regular el monto de la fianza a base deotras consideraciones ajenas a garantizar la comparecencia del imputado a los procedimientos ensu contra. Al aprobarse nuestra Carta de Derechos el entendido era que el propósito de la fianzaera garantizar la presencia del acusado. 201 Pero hay que considerar el desarrollo posterior queculmina con Salerno v. United States, 202 y con la aceptación de que hay otros fines legítimos paraimponer condiciones a la libertad del imputado antes de fallo condenatorio, incluyendo lo relativoal monto de la fianza.En suma, me parece que la “factura más ancha” consiste aquí en las cláusulas específicas dederecho a libertad bajo fianza antes de fallo condenatorio y la que limita la detención preventivaa seis meses. No hay “factura más ancha”en cuanto a la prohibición de fianzas excesivas.En cuanto a la prohibición de multas excesivas, tampoco veo indicios de “factura másancha”. Se trata de una exigencia general de proporcionalidad entre castigo y culpa. Valgaseñalar que, recientemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos interpretó liberalmente lacláusula contra las multas excesivas en la Enmienda Octava, al resolver que la cláusula se aplicaa procedimientos de confiscación civil in rem, para exigir proporción razonable entre loconfiscado y la conducta delictiva que dé margen o base a la confiscación. 203 Esto, que obliga aPuerto Rico, debe ser tomado en cuenta al interpretarse y aplicarse nuestros estatutos deconfiscación.II. LA SECCIÓN DOCE DE NUESTRA CARTA DE DERECHOS: PROHIBICIÓN DE CASTIGOSCRUELES E INUSITADOS Y APLICACIÓN EX POST FACTO DE LA LEY PENAL.A. Castigos crueles e inusitados: La sección doce de nuestra Carta de Derechos dispone que“no se impondrán castigos crueles e inusitados”. La garantía se origina en la cláusula idénticaestablecida en la Enmienda Octava. No hay base aquí para sostener que en Puerto Rico hay“factura más ancha”. Al adoptarse nuestra Carta de Derechos en el año 1952, había un entendidogeneral de que esta cláusula constitucional garantizaba una especie de exigencia deproporcionalidad entre castigo y delito, entre pena y culpa. En el Informe de la Comisión deCarta de Derechos a la Convención Constituyente se dijo que: “la pena, sanción del delito y endebida proporción con él, no debe ser nunca degradación de la persona. Los castigos crueles einusitados son precisamente castigos degradantes, que humillan o aniquilan a la personalidad ensu centro mismo. Aparte de esto, los castigos de esta naturaleza violan el principio de justicia querequiere la proporcionalidad con el delito cometido”. 204200 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 2571.201 Stack v. Boyle, 342 U.S. 1 (1951).202 481 U.S. 739 (1987).203 Austin v. United States, 113 S. Ct. 2801 (1993). En ese caso se confiscó una casa rodante (mobile home) y un taller dehojalatería (auto body shop) a base de que el acusado transportó dos onzas de cocaína de la casa hasta el taller, lo que facilitó lacomisión de delito de venta de sustancias controladas. La Corte Suprema resolvió que era aplicable la cláusula contra multasexcesivas, por considerar la confiscación un castigo; se ordenó la continuación de procedimientos para la determinación de si loconfiscado era excesivo. Véase, además, Alexander v. U.S., 113 S.Ct. 2766 (1993).204 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2572 (énfasis suplido).