Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

35cuanto a descripción particular del lugar por ser registrado, 250 las cosas por ser ocupadas 251 o lapersona por ser detenida. 252 No veo base alguna para hablar de “factura más ancha” en estazona.Lo realmente problemático es la exigencia de causa probable. En el caso de la orden deregistro, se trata de causa probable de que la cosa X esté en el lugar Y, y que X sea incautable. 253En el caso de la orden de arresto se trata de causa probable de que determinada persona cometiódeterminado delito. No tengo espacio aquí para abordar los asuntos técnicos de “causa probable”.254 No hay diferencias esenciales entre la jurisprudencia de la Corte Suprema de los EstadosUnidos y la del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 255Sin duda alguna, el aspecto más problemático de la exigencia de causa probable se refiere acuando la declaración jurada que da base a la orden está parcial o totalmente basada en confidenciaso información suplida por un tercero informante, que pudiera ser anónima. La CorteSuprema de los Estados Unidos había desarrollado una norma estricta, conocida como la doctrinade Aguilar-Spinelli, 256 a saber: Un magistrado podrá expedir una orden de registro basada eninformación de referencia que no le conste directamente al deponente que declare bajojuramento, sólo cuando el magistrado tenga ante sí información que le permita: (i) determinarqué razones tenía el informante para conocer lo que informó, y (ii) evaluar la confiabilidad ocredibilidad del informante o de su relato.Pero luego, en Illinois v. Gates, 257 la Corte Suprema abandonó el estricto cumplimiento conestos dos elementos para adoptar el criterio de la totalidad de las circunstancias: puede expedirsevalidamente la orden, a pesar de que no se satisfagan estrictamente los indicadores de Aguilar -Spinelli, si al considerar todas las circunstancias expuestas en las declaraciones juradas hay unaprobabilidad razonable de que habrá de encontrarse lo buscado (evidencia incautable) en el lugarcuyo registro se va a ordenar. Esta es la norma de la totalidad de las circunstancias.El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido ciertamente errático en esta zona. Ciertamentepudo seguirse la ruta de la “factura más ancha” abrazando la doctrina de Aguilar-Spinelli yrepudiando a Gates. Pero esto no ha sido así. Hasta recientemente regía aquí la norma relajadaestablecida en Pueblo v. Díaz Díaz, 258 a saber: Una confidencia es suficiente para validar laexistencia de causa probable si se establece la concurrencia de una o más de las siguientescircunstancias: 1) que el confidente previamente ha suministrado información correcta; 2) que laconfidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo; 3) que la confidencia hasido corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente de otras fuentes; y250 Véanse, Pueblo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 517 (1969); Pueblo v. Cruz Martínez, 92 D.P.R. 247 (1965); Pueblo v. PérezNarváez, 92 J.T.S. 67. En Pérez Narváez, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adopta la jurisprudencia federal en torno al registroo allanamiento de una “estructura de ocupación múltiple”.251 Véase, Flores Valentín v. Tribunal Supremo, 91 D.P.R. 805 (1965) y Pueblo v. Soto, 99 D.P.R. 762, 767 (1971).252 Véase, Pueblo v. De La Cruz, 106 D.P.R. 378 (1977).253 Un objeto es “registrable” o incautable si es contrabando (ilegal de suyo), fruto de un delito (como el dinero o cosa hurtada) oevidencia vinculada a la comisión de un delito. Sobre esta última categoría, llamada “mera evidencia”, Véase, Warden v.Hayden, 387 U.S. 294 (1967).254 Véase mi obra citada en el escolio 2, Vol. I, § 6. 10(B) y § 6. 11(B)(3), pp. 377-379.255 En cuanto al aspecto de juicio de probabilidad, véanse, Brinegar v. United States, 338 U.S. 160 (1949); Beck v. Ohio, 379 U.S.89 (1964); Pueblo v. Tribunal, 91 D.P.R. 25 (1964); Pueblo v. Bogard, 100 D.P.R. 565, 570 (1972); Pueblo v. Rivera, 79 D.P.R.742 (1956). En cuanto al factor tiempo, esto es, el tiempo transcurrido entre la declaración jurada y las observaciones del agentedeclarante, Véase, Pueblo v. Bonilla, 120 D.P.R. 92 (1987) y Pueblo v. Tribunal, 91 D.P.R. 19 (1964).256 Aguilar v. Texas, 378 U.S. 108 (1964) y Spinelli v. United States, 393 U.S. 410 (1969).257 462 U.S. 213 (1983).258 106 D.P.R. 348 (1977).