Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

34se trata de una norma que comenzó luego de que entrara en vigor nuestra Constitución, 239 por loque resulta insostenible que nuestros constituyentes hubieran rechazado la impugnación de lacredibilidad del acusado mediante evidencia obtenida en violación a la sección diez.(iv) Los frutos del árbol ponzoñoso: Como es sabido, la regla de exclusión bajo laEnmienda Cuarta se extiende a los frutos de la actuación ilegal; no sólo es inadmisible loilegalmente incautado, o la detención ilegal, sino también sus frutos. 240 Para frenar el alcance dela regla de exclusión de todos los frutos de la actuación ilegal, la Corte Suprema de los EstadosUnidos ha diseñado varias excepciones, 241 entre las que se destacan el “vínculo atenuado”, 242 la“fuente independiente” 243 y el “descubrimiento inevitable”. 244 Presumo que estas doctrinas seaplican en Puerto Rico. A pesar de que el Tribunal Supremo no ha abordado en formaparticularmente sistemática los problemas relativos a los “frutos del árbol ponzoñoso”, hayjurisprudencia que acoge las limitaciones señaladas. 245 No cabe hablar aquí de “factura másancha”.(v) El error no perjudicial: La admisión de prueba sustantiva o de cargo, obtenida enviolación a la Enmienda Cuarta, que es inadmisible bajo la regla de exclusión, no acarrearevocación automática de una convicción; cabe aquí el “harmless constitutional error”. 246 Estadoctrina del error constitucional que no acarrea revocación 247 ha sido adoptada por nuestroTribunal Supremo. 248 La convicción se sostiene si el tribunal apelativo estima, más allá de dudarazonable, que de no haberse cometido el error se hubiera producido el mismo resultado (convicción).La interceptación de la comunicación telefónica: Aparte de la regla de exclusión expresa, laotra diferencia entre la sección 10 y la Enmienda Cuarta consiste en que nuestra sección 10 prohíbeexpresamente la interceptación de la comunicación telefónica. Hay aquí, por supuesto,“factura más ancha”. Adviértase que la cláusula de prohibición de interceptación de la comunicacióntelefónica no es tan absoluta como parece, pues ya nuestro Tribunal Supremo hasostenido la validez de una orden judicial de interceptación en determinadas circunstancias. 249Queda por examinar -en cuanto a comparación de la sección 10 con la Enmienda Cuarta- losiguiente: (1) La naturaleza de la prohibición general de registros, detenciones e incautacionesirrazonables, y (2) Los requisitos para la expedición de una orden judicial de registro o arresto.Comienzo por lo segundo.La orden judicial de registro o arresto, y su diligenciamiento: La Enmienda Cuarta, lomismo que la sección 10, requiere intervención de la figura neutral del magistrado judicial parala expedición de la orden. También es exigencia constitucional la especificidad en la orden, en239 Esto es, en el año 1954 con Walder v. United States, 347 U.S. 62.240 Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920).241 Véase, Chiesa, obra citada en escolio 2, Vol. I, § 6.6.242 Véase, Nardone v. United States, 308 U.S. 338, 341 (1939), Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963).243 Véase, Murray v. United States, 108 S. Ct. 2524 (1988).244 Véase, Nix v. Williams, 467 U.S. 431 (1984).245 Véanse, por ejemplo, Pueblo v. Ramos, 122 D.P.R. 287, 312-313 (1988) y Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456, 463(1964).246 Véanse, Chambers v. Maroney, 399 U.S. 42 (1970), Whiteley v. Warden, 401 U.S. 560 (1971).247 La doctrina se origina en Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967).248 Véanse, por ejemplo, Pueblo v. Santiago Luna, 93 J.T.S. 143, a la pág. 11261; Pueblo v. Ruiz Bosch, 91 J.T.S. 7, a la pág.8318; Pueblo v. Rosaly Soto, 91 J.T.S. 62, en la pág. 875 y Pueblo v. Pellot, 121 D.P.R. 791, 803 (1988).249 Puerto Rico Telephone Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).