Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

16Las implicaciones de esta exigencia constitucional de prueba más allá de duda razonableestán fuera del alcance de este trabajo; ya he escrito sobre el particular. 103 Hay empero un asuntoque debe ser mencionado. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha establecido unaimportante distinción entre verdaderos elementos constitutivos del delito imputado o elementosde responsabilidad criminal, y defensas afirmativas del acusado, que niegan un elemento deresponsabilidad criminal. 104 En cuanto a lo primero, verdaderos elementos de responsabilidadcriminal, el gobierno acusador tiene la obligación de probarlos más allá de duda razonable, loque implica absolución ante duda razonable. 105 Pero no hay tal obligación probatoria en cuanto anegación de defensas afirmativas. 106 Esto permite que no haya impedimento constitucionalfederal para que se ponga en el acusado la obligación de persuadir en cuanto a causas dejustificación, como una legítima defensa ante una acusación por asesinato u homicidio. 107 Estoes muy cercano a lo establecido en nuestra Regla 157 de Procedimiento Criminal: “En unproceso por asesinato, una vez probado que la muerte fue causada por el acusado, recaerásobre éste la obligación de probar que han mediado circunstancias atenuantes o circunstanciasque excusen o justifiquen el hecho de la muerte, a menos que la propia prueba de El Pueblotienda a demostrar que el delito cometido es un homicidio o que el acusado tenía justificación oexcusa para haber cometido el hecho”.Pero en Pueblo v. De Jesús Santana, 108 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, refiriéndose aesta Regla 157, expresó lo siguiente: “Sin embargo, dicha regla no puede afectar la presunciónde inocencia del acusado aún probada la muerte ilegal, por lo que no impone ésta la obligaciónde establecer con prueba preponderante los elementos justificantes o eximentes del delito. Laúnica prueba requerida del acusado es aquella que levante una duda razonable de suculpabilidad. Tal interpretación está permeada por la disposición constitucional que establecela presunción de inocencia cuya presunción acompaña al acusado a través de todo el procesocriminal. Constitución de Puerto Rico, Art. II, sec. 11” 109 .Así, pues, puede decirse que por imperativo de la presunción de inocencia, esinconstitucional en Puerto Rico poner en el acusado la obligación de persuadir en relación adefensas afirmativas -como la legítima defensa-, con efecto de obligación de absolver ante dudarazonable sobre la presencia o ausencia de una situación de legítima defensa. Esto puedeextenderse a otras causas de justificación, a causas de inculpabilidad y a causas de inimputabilidad.110 En este sentido, puede hablarse de “factura más ancha” de nuestra presunción103 Id., pp. 96-111.104 Por ejemplo, causa de justificación, de inculpabilidad o de in-imputabilidad. No pretendo aquí pasar juicio sobre la correcciónde estas distinciones como asunto de derecho penal sustantivo, lo que es ciertamente debatible.105 Mullaney v. Wilbur, 421 U.S. 684 (1975). Esto incluye lo relativo a dudas sobre el elemento diferenciador entre asesinato yhomicidio, que es la situación en Wilbur.106 Patterson v. New York, 432 U.S. 197 (1977).107 Martin v. Ohio, 480 U.S. 228 (1987). Aquí se sostuvo la validez de un estatuto de Ohio que disponía que la obligación depresentar evidencia sobre una defensa afirmativa y la carga de probarla mediante preponderancia de la prueba recae en elacusado; se resolvió que esto no está reñido con la Constitución Federal en su aplicación a la legítima defensa.108 100 D.P.R. 791 (1972).109 Id., en la pág. 801.110 En cuanto a in-imputabilidad por insanidad mental, la doctrina en Puerto Rico es que el acusado tiene la obligación denotificarla previamente al juicio (Regla 74 de Procedimiento Criminal) y la obligación de presentar primeramente evidenciadurante el juicio, pues El Pueblo descansa en la llamada presunción de cordura. Pero la obligación de persuadir la tiene ElPueblo y habría que absolver si hay duda razonable. Pueblo v. Alsina, 79 D.P.R. 46, 60 (1956), Pueblo v. Marcano Pérez, 116D.P.R. 917, 927-928 (1986).