Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

27(i) Absolución perentoria: En Puerto Rico, con frecuencia, el Procurador General recurre alTribunal Supremo para revisar una resolución del Tribunal Superior que declaró con lugar unamoción de absolución perentoria del acusado, emitida antes de un veredicto de culpabilidad porel jurado. Esto está reñido con la protección federal, pues la Corte Suprema ha resuelto que unadesestimación contra la prueba de cargo constituye una absolución en los méritos que impidecualquier procedimiento ulterior, incluyendo la revisión de la resolución de la absoluciónperentoria o desestimación contra la prueba de cargo. 193 Distinto es el caso en que la absoluciónperentoria se produce luego de un veredicto condenatorio, en cuyo caso el tribunal apelativo sólotendría que reinstalar el veredicto del jurado, si opta por revocar la absolución perentoria. Loque se prohíbe es que continúen procedimientos ulteriores de presentación y evaluación de laprueba luego de la absolución perentoria.(ii) Absolución errónea: En Pueblo v. Benítez, 194 dos acusados por escalamiento agravadorenunciaron al juicio por jurado y sometieron el caso al juez a base de las declaraciones juradas ydocumentos en autos, con la anuencia del fiscal. El Tribunal Superior emitió fallo condenatoriopor el delito -menor que el imputado- de tentativa de escalamiento. El Procurador Generalrecurrió con certiorari al Tribunal Supremo; éste acogió el recurso y revocó el fallo condenatorio,emitiendo otro por escalamiento agravado. El Tribunal Supremo, en sentencia sin opinión, selimitó a decir que “no se trata aquí de revisar un fallo o veredicto absolutorio y sí de corregir unerror en un fallo condenatorio”. 195 Los jueces disidentes (el Juez Presidente señor Trías Monge yel Juez Asociado señor Dávila) sostuvieron, con entera razón, que el fallo condenatorio por eldelito menor tenía efecto de fallo absolutorio por el delito mayor, lo que es inatacable, noimporta cuán erróneo fuere. Bajo la doctrina federal, la absolución del acusado ya comenzado eljuicio, independientemente de cuán errónea pueda ser, es inatacable en alzada. El caso principales Sanabria v. United States, 196 donde la Corte Suprema resuelve que “that judgment ofacquittal, however erroneous, bars further prosecution on any aspect of the count and hence barsappellate review of the trial court's error”. 197L. Multas y Fianzas Excesivas. La sección once de nuestra Carta de Derechos dispone que“las fianzas y las multas no serán excesivas”. La cláusula es prácticamente idéntica a laestablecida en la Enmienda Octava: “Excessive bail shall not be required, nor excessive finesimponed”.Aquí no hay asomo de “factura más ancha”. No hay indicio de apartarnos de lajurisprudencia de la Corte Suprema sobre la prohibición de fianzas excesivas. La normafundamental es que una fianza por suma mayor que la indicada para garantizar la presencia delimputado está reñida con la Enmienda Octava. 198 La cláusula no tiene el efecto de un impedimentopara la detención preventiva, sin derecho a fianza, antes de un fallo condenatorio, porrazón de la peligrosidad social que entraña la libertad bajo palabra del imputado particular. 199Distinta es la actuación en Puerto Rico, pues nuestra Carta de Derechos provee para derecho alibertad bajo fianza antes de fallo condenatorio. En ausencia de enmienda constitucional, enPuerto Rico no puede eliminarse el derecho a libertad bajo fianza antes de fallo condenatorio.193 Smalis v. Pennsylvania, 476 U.S. 140 (1986).194 113 D.P.R. 610 (1982).195 Id., a la pág. 613.196 437 U.S. 54 (1978).197 Id., a la pág. 69.198 Stack v. Boyle, 342 U.S. 1 (1951).199 Salerno v. United States, 481 U.S. 739 (1987).