Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

364) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos, o en proceso decometerse. 259Estos criterios, originados en Díaz Díaz en el contexto de causa probable para el arresto sinorden, luego fueron aplicados a la causa probable para la orden judicial de registro. 260 La normade Díaz Díaz luce, a mi juicio, inconstitucional bajo la Enmienda Cuarta y Gates; es insuficiente,para validar la actuación gubernamental, satisfacer sólo uno de los criterios expuestos en DíazDíaz. Ante esta dificultad constitucional, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Pueblo v.Muñoz Santiago, 261 señaló que “siempre hemos exigido que la confidencia haya sido corroboradapor el agente ya sea mediante observación personal o por información de otras fuentes”. 262 Estoequivale a decir que el tercer elemento señalado en Díaz Díaz es condición necesaria para validarel arresto sin orden o la orden judicial de arresto o registro, cuando la causa probable está fundadaparcial o totalmente en confidencias. Así interpretado Díaz Díaz, se satisface el estándarfederal pautado en Gates. Lo mismo que en Gates, el Tribunal Supremo rechaza por inflexibleslos criterios de Aguilar-Spinelli. 263 Sin embargo, el Tribunal Supremo niega que esté adoptandoa Gates, sino sólo conformando a Díaz Díaz con el mínimo constitucional exigido en Gates.Pero, de nuevo, invocando a Gates, se dijo que “la corroboración no debe limitarse a ver si laconducta observada es inocente o incriminatoria, sino a evaluar el grado de sospecha queconllevan todos los actos de la persona”. 264 Posteriormente, otra vez en relación con registro yarresto sin orden judicial, el Tribunal Supremo, en Pueblo v. Ortiz Alvarado, 265 a base de MuñozSantiago y Gates, hace hincapié en que la corroboración exigida se satisface cuando indica lapresencia de alguna actividad sospechosa del carácter sugerido en la confidencia”. 266 Y se dijoque: “Lo importante es si el agente que efectúa el arresto y allanamiento sin orden judicial, tiene,al momento de hacerlo, base razonable o motivos fundados para creer que se estaba violando ose iba a violar la ley; esto es, si se desprende, de la totalidad de las circunstancias, que unapersona prudente y razonable creería que se ha cometido o se va a cometer la ofensa objeto de lasconfidencias”. 267 Esto es, a mi juicio, Gates. En puridad, Muñoz Santiago y Ortiz Alvarado loque hacen es curar a Díaz Díaz de su vicio constitucional bajo la Enmienda Cuarta. No hay aquí“factura más ancha”. Cabe sostener que en Puerto Rico siempre se exigiría corroboración deactividad delictiva o sospechosa del carácter sugerido en la confidencia. Pero la diferencia conGates es prácticamente ninguna.En cuanto al diligenciamiento de la orden de arresto o de registro, no hallo tampoco basealguna de “factura más ancha”. Por el contrario, el Tribunal Supremo lo que hace es aplicar lasexigencias constitucionales bajo la Enmienda Cuarta 268 para frenar las amplias facultades que259 Id., en la pág. 354. El Tribunal Supremo señala que extrae esta norma de jurisprudencia federal que merece su aprobación.Pero difícilmente puede inferirse de la jurisprudencia federal que basta con satisfacer sólo uno de los cuatro criterios señalados;sólo la conjunción de los criterios tiene sentido.260 Véanse, Pueblo v. Martínez Martí, 115 D.P.R. 832 (1984); Pueblo v. Pagán Santiago, 92 J.T.S. 56. En Pagán Santiago elTribunal Supremo hizo extensiva la norma de Díaz Díaz al ámbito de la orden de registro. Véase, Pueblo v. Muñoz Santiago, 92J.T.S. 149, a la pág. 10080.261 92 J.T.S. 149.262 Id., en la pág. 10080.263 Id., en la pág. 10081.264 Id.; se invocó el escolio 13 de Gates (462 U.S. 213, 243-244).265 94 J.T.S. 6.266 Id., en la pág. 11463.267 Id., en las pp. 11463-4.268 Véanse, Tennessee v. Garner, 471 U.S. 1 (1985) y Graham v. Connor, 109 S. Ct. 1865 (1989).