Revista Volumen V - Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y ...

32relación con el alcance 224 de la regla de exclusión. Hay que examinar cuál es la situación federalen cuanto a los límites de la regla de exclusión, y determinar si esos límites se aplican a nuestraregla de exclusión. Veamos.(i) El requisito de “standing”: La Corte Suprema de los Estados Unidos ha resuelto quequien invoca la regla de exclusión ha de tener “standing”, 225 en el sentido de que no basta con serel beneficiado con la exclusión de la evidencia: quien invoca la regla de exclusión -que es elremedio contra la violación constitucional- ha de ser la persona a quien se le ha violado laprotección “sustantiva” por así decirlo. No tengo espacio aquí para atender los pormenores de ladoctrina de “standing” (legitimación activa) en la zona de invocar la regla de exclusión. 226 Loimportante aquí es señalar que cualquier duda que había sobre el requisito de “standing”, enPuerto Rico, para invocar la regla de exclusión, 227 desapareció con Pueblo v. Ramos Santos. 228Así pues, no hay “factura más ancha” en cuanto a la exigencia de “standing”.(ii) El registro o incautación de buena fe: En United States v. León 229 la Corte Suprema delos Estados Unidos resolvió que la regla de exclusión de la Enmienda Cuarta no impide el uso,como prueba sustantiva, de evidencia obtenida por los funcionarios gubernamentales que actúande buena fe al confiar en una orden de registro expedida por un magistrado, aunque luego sedeterminara que la orden fue expedida sin causa probable. Se resuelve así a base del propósitoprincipal de la regla de exclusión, a saber, disuadir a los funcionarios de que actúen en violacióna la Enmienda Cuarta. Si el funcionario actúa al amparo de orden judicial, sin vicio aparente, laaplicación de la regla de exclusión no tiene valor disuasivo. Lo que la Constitución le exige alfuncionario es lo que éste ha hecho: obtener una orden judicial. Se aclara que la norma delregistro o actuación de buena fe no se aplica cuando el agente ha obtenido la orden judicial abase de una declaración jurada cuya falsedad sabía o debió haber sabido; tampoco hay “buenafe” cuando el agente actúa al amparo de una orden judicial cuya invalidez es patente. Junto conLeón la Corte Suprema resolvió, en Massachusetts v. Shepard, 230 que tampoco debe suprimirse laevidencia producto de una orden judicial cuyo defecto es no identificar con precisión los bienes aser incautados, cuando el oficial que solicita la orden ha descrito suficientemente dichos bienesen la declaración jurada; tampoco se adelanta en ese caso el propósito disuasivo si se aplicara laregla de exclusión.224 Me refiero a lo dilatado de la protección, más allá de su origen.225 Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128 (1978); United States v. Salvucci, 448 U.S. 83 (1980); Rawlings v. Kentucky, 448 U.S. 98(1980) y Minnesota v. Olson, 110 S. Ct. 1684 (1990).226 Véase mi obra citada en el escolio 2, Vol. I, § 6.5.227 Véase, Pueblo v. Rovira Ramos, 116 D.P.R. 945 (1986). En este caso tres jueces (honorables Rebollo López, Naveira deRodón y Hernández Denton) sostienen que quien invoca la regla de exclusión tiene “standing” automático si lo que alega es quela evidencia es producto de un registro o arresto ilegal, aunque el peticionario no sea la persona que sufrió la violaciónconstitucional. Es suficiente con que la evidencia ilegalmente obtenida se pretenda usar como prueba contra un acusado, paraque éste pueda solicitar su supresión. Se invocó la presencia expresa de la regla de exclusión en nuestra sección 10, a diferenciade la situación federal, donde la regla de exclusión es producto judicial.228 92 J.T.S. 176, pág. 10260. En este caso se resolvió que el acusado no tenía “standing” para solicitar la supresión de evidenciaocupada en un apartamento en el que el acusado estaba ilegalmente: “El acusado no tenía legitimación activa para solicitar susupresión, pues carecía de una expectativa legítima de privacidad”. 92 J.T.S. 176, a la pág. 10260. Curiosamente, la opinión delTribunal fue emitida por la Juez Asociada señora Naveira de Rodón, quien fue una de los tres jueces que se oponían al requisitode “standing” en Rovira Ramos. Los otros dos jueces con similar posición en Rovira Ramos (honorables Rebollo López yHernández Denton) concurrieron con el resultado en Ramos Santos, sin hacer expresión alguna sobre el problema de “standing”.229 468 U.S. 897 (1984).230 468 U.S. 981 (1984).