PO Galicia (pdf) - Dirección General de Fondos Comunitarios

COMPLEMENTO DE PROGRAMA DEL P.O. INTEGRADO DE GALICIAUno de los principios básicos que debe informar toda política ambiental es el de la prevención.En este sentido, la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluaciónde las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente,representó el instrumento jurídico que mejor respuesta daba a esta necesidad. La incorporaciónde dicha Directiva al Derecho interno estatal se efectuó al aprobarse el Real Decretolegislativo 1302/1986 de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.Con posterioridad, la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo, por la que se modifica laDirectiva 85/337/CEE, ha introducido diversas disposiciones destinadas a clarificar, completary mejorar las normas relativas al procedimiento de evaluación impacto ambientalCon el fin de incorporar plenamente a nuestro derecho interno la Directiva 85/337/CEE conlas modificaciones introducidas en la Directiva 97/11/CE, se ha aprobado recientemente la ley6/2001 de 8 de mayo que modifica el R.D legislativo 1302/1986 de 28 de junio de impactoambiental.Tanto el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de ImpactoAmbiental, como su posterior modificación por la Ley 6/2001, tienen carácter de legislaciónbásica en esta materia, en virtud de lo dispuesto por el artículo 149.1.23ª de la ConstituciónEspañola. Hay que tener en cuenta igualmente la normativa autonómica de evaluación deimpacto ambiental, pues, en materia de medio ambiente, todas las Comunidades Autónomastienen competencias para desarrollar la legislación básica del Estado así como la facultad dedictar normas adicionales de protección, si bien, habrán de respetar en todo caso lo dispuestopor la legislación básica del Estado.El pasado 10 de mayo de 2001 entró en vigor la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificacióndel Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.Esta ley modifica los anexos recogidos en el Real Decreto-Ley 9/2000. De acuerdo con suDisposición transitoria única, dicha ley no se aplicará a los proyectos privados que en dichafecha se encuentren en trámite de autorización administrativa, ni a los proyectos públicos quehayan sido ya sometidos a información pública ni a los que, no estando obligados a sometersea dicho trámite, hayan sido ya aprobados.En materia de evaluación de impacto ambiental hay que tener en cuenta, por tanto, y sinperjuicio de lo que establezca la legislación autonómica correspondiente, la Ley 6/2001 quecontiene dos Anexos en los que se establecen una serie de proyectos susceptibles de sersometidos a evaluación de impacto ambiental:1. En el Anexo I se recogen más de 100 proyectos, pertenecientes a 9 sectores de actividadproductiva, que deben ser sometidos obligatoriamente a una evaluación de impacto ambientalprevia a su autorización. Se trata de proyectos de los que potencialmente pueden esperarseimpactos significativos sobre el medio ambiente, por ello siempre han de someterse aevaluación de impacto ambiental y, en consecuencia, de acuerdo con la normativa española,formularse la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.2. Respecto a los proyectos del Anexo II, el artículo 1.2 de la mencionada Ley 6/2001,453