cortes 4 - Corte Suprema de Justicia

185de extinción de la acción y de la pena”, que es el que permite yreglamenta la intervención de los jueces para coadyuvar en labúsqueda de la convivencia pacífica en relación con los conflictosarmados internos.9. Pues bien, es ahora el artículo 57 de la Ley 104 -no el 56-, envirtud de variación sistemática introducida por la Ley 241 (art.25), el que habilita a los jueces para dictar cesación deprocedimiento en favor de quienes sean procesados por los delitospolíticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración, y los conexoscon éstos, siempre y cuando confiesen, y se ajusten a los demásrequerimientos formales del título III de la primera ley. Pero elartículo 48, inciso final, de la Ley 104 prevé la exclusión de talbeneficio jurídico en relación con quienes hayan incurrido en“delitos atroces, genocidios, homicidios cometidos fuera decombate o con sevicia o colocando a la víctima en estado deindefensión, secuestro o actos de ferocidad o barbarie” (Se haresaltado).10. El problema que aquí se plantea no es si el delito político derebelión subsume los delitos comunes estrechamente vinculadoscon él, que son necesarios para que la acción armada desplegadapueda cumplir los objetivos propuestos de derrocar al gobiernonacional o suprimir o modificar el régimen constitucional o legalvigente. O si tales hechos punibles son conexos o no lo son con elde rebelión. No, podría admitirse de una vez que los homicidios ydaños cometidos por el procesado Oscar Darío Amaya Castro estándentro de la línea de realización material del propósito políticopropio de su condición de insurgente; pero, en virtud de lasconnotaciones crueles e inhumanas de estos crímenes, elpeticionario queda situado dentro de las prohibiciones del artículo48, supuesto que se trata de un acto de barbarie.Son actos de ferocidad o barbarie los que reprueba el derechointernacional humanitario o derecho de gentes, precisamente porevidenciar crueldad innecesaria en los procedimientos y en los