cortes 4 - Corte Suprema de Justicia

303caso de no existir aquéllas, o duda sobre en que órganodebe radicarse la competencia, siempre habrá dediscernirse ésta en favor de la justicia ordinaria.3.4. Así, ha de aceptarse que el fuero militar yconsecuentemente la justicia penal militar, son unaexcepción a la regla general, según la cual la justiciapenal ordinaria, integrada por la Fiscalía General dela Nación y los jueces individuales y colegiados, es lacompetente para investigar y sancionar a losinfractores del régimen penal. Como excepción a laregla general, aquella sólo tendrá efectividad cuandono exista la más mínima duda en el sentido que debeser ésta y no la jurisdicción ordinaria la que debeconocer de un asunto determinado.En la misma línea, mediante providencia del 13 defebrero del 2003 (radicado 15.705), la Sala deCasación Penal explicó:En efecto, el fuero militar previsto en el artículo 221de la Carta Política sólo cobija a los miembros de lafuerza pública en servicio activo y exclusivamente porlas conductas ilícitas relacionadas con el servicio. Alrespecto no han sido pocas las oportunidades en quela jurisprudencia se ha ocupado en torno al conceptode “relación con el servicio”, el cual no puedeentenderse como una conexión genérica que sepresenta entre el servicio activo militar o policial y eldelito que realiza quien lo presta, por el contrario, esimprescindible, determinar una “correspondencia”entre el hecho constitutivo de la infracción penal y losdeberes que legalmente le competen a esos servidorespúblicos, dado que, los preceptos superiores imponenlos límites dentro de los cuales se puede actuar en unEstado Social de Derecho.De este modo, debe señalarse que entre las funcionespropias del servicio militar y la conducta ilícitainvestigada, debe presentarse una relación según la