cortes 4 - Corte Suprema de Justicia

237particular, deben propender por el goce efectivo de los derechosde todos los residentes en Colombia y la protección de bienesjurídicos de particular importancia para la vida en sociedad.En cuanto a la finalidad de la intervención de las víctimas yperjudicados dentro del proceso penal, en un principio esaintervención sólo estaba orientada a la reparación de perjuiciosmateriales. No obstante, dicha posibilidad evolucionó hacia unaprotección más integral de los derechos de la víctima y hoy no sediscute que también tienen un interés en la verdad y la justicia.Es así como la jurisprudencia constitucional al advertir la necesidadde conciliar el alcance del derecho internacional de los derechoshumanos y del derecho internacional humanitario, de los contenidosmateriales del debido proceso, del derecho de igualdad, del derechode participación y los derechos de las víctimas, en la sentencia C-228-02, introdujo una importante modificación sobre los derechosde la parte civil en el proceso penal (en el sistema de la Ley 600 de2000), concluyendo lo siguiente:(...) tanto en el derecho internacional, como en elderecho comparado y en nuestro ordenamientoconstitucional, los derechos de las víctimas yperjudicados por un hecho punible gozan de unaconcepción amplia -no restringida exclusivamente auna reparación económica– fundada en los derechosque ellas tienen a ser tratadas con dignidad, aparticipar en las decisiones que las afecten y a obtenerla tutela judicial efectiva del goce real de sus derechos,entre otros, y que exige a las autoridades que orientensus acciones hacia el restablecimiento integral de susderechos cuando han sido vulnerados por un hechopunible. Ello sólo es posible si a las víctimas yperjudicados por un delito se les garantizan, a lomenos, sus derechos a la verdad, a la justicia y a lareparación económica de los daños sufridos.