cortes 4 - Corte Suprema de Justicia

63las motivaciones de las mismas se hicieron explícitas alusiones alos decesos. Y siendo así, se tornan en intrascendentes lasadecuaciones típicas -jurídico formalmente hablando- como que esasdecisiones, provisionales, tenían por finalidad principal establecersi era necesario asegurar al sindicado en el curso de la investigación.4. Para la época de los hechos y de aquella toma de decisiones noexistía ninguna disposición que obligara al funcionario judicial aque en la indagatoria pusiera de presente al sindicado la imputaciónjurídica provisional. El artículo 438 del Código de ProcedimientoPenal de 1991, como requisito que formaba parte de la estructuradel proceso como es debido, sólo exigía resolver situación jurídica.5. La definición de la conducta punible en la medida detentiva,entonces, no incidía en el respeto a las garantías. La concordanciaque se requería –y se requiere- era entre la indagatoria y laresolución de acusación y entre ésta y la sentencia, en el entendidode que, para proteger el derecho a la defensa, al sindicado se ledebía enterar, en la injurada, de todos los hechos imputados, conindependencia del nombre que la ley les fijara.2. DEBIDO PROCESOGarantía constitucional que no se afecta por la ruptura de la unidadprocesal como consecuencia del cierre parcial de la investigación.Ne bis in idem1. La Sala dejó en claro cómo la investigación abarcó las conductasrelacionadas con la existencia de una ilegal organización armaday los múltiples homicidios por ella cometidos el 22 de abril de1996 en el municipio de Segovia. De estos comportamientosdelictivos el sindicado fue enterado en sus descargos y tuvooportunidad de ejercitar la controversia.2. La resolución del 24 de diciembre de ese año, proferida por unfiscal regional de la Unidad de Derechos Humanos, sólo podía