cortes 4 - Corte Suprema de Justicia

329Un criterio restrictivo como el que revela elpronunciamiento jurisprudencial que se acaba de citar,venía siendo aplicado por la Sala al interpretar elartículo 170 de la Constitución Política anterior, segúncriterio contenido en auto del 23 de agosto de 1989,del cual fue ponente el Magistrado Gustavo GómezVelásquez. Más próximos son los pronunciamientos del26 de marzo de 1996 (M.P. Jorge E. Córdoba Poveda);21 de febrero del 2001, Rad. 12.308 (M.P. Jorge AníbalGómez Gallego); y 18 de julio del 2001, Rad. 11660(M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote), entre otros.El criterio del que se hace remembranza ha sidoreiterado recientemente, como se puede leer en lasentencia del 6 de abril del 2006 (radicado 20.764),citada en el proyecto original.En conclusión, para que un comportamiento humanodesplegado por un miembro de las fuerzas armadassea considerado como cometido “en relación con elservicio”, debe estar unido a éste de manera muycercana e inmediata, de tal forma que la ilicitud seaexplicada como consecuencia de la extralimitación odel desvío de la función normal y legítima.Y, tampoco el tema ha sido ajeno a la intervención de los organismosinternacionales de justicia, pues, en similar sentido la CorteInteramericana de Derechos Humanos, en Sentencia del 16 de agostode 2000 –Caso Durand y Ugarte, Perú- señaló, respecto de lajurisdicción penal militar, que esta “ha sido establecida por diversaslegislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentrode las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reservasu aplicación a los militares que hayan incurrido en delito faltadentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias”.Asevera, de igual manera, que en un Estado democrático de Derecho,la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo yexcepcional y encaminarse a la protección de intereses jurídicosespeciales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas