nacionales

CAPÍTULO 5. EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA – 303
más importantes de las consultas del CESU fueron las mesas de trabajo
regionales, que permitieron que las instituciones de educación superior y
otras partes interesadas —entre ellas las empresas locales— debatieran
sobre las inquietudes comunes y resaltaran los desafíos locales específicos
en un diálogo nacional sobre políticas. Colombia podría considerar la
institucionalización de tales plataformas. Una forma sería la creación
de consejos regionales de coordinación, reuniendo representantes de las
instituciones de educación superior, autoridades departamentales y el sector
privado, quienes pueden crear confianza y entendimiento entre las empresas
y la comunidad académica, promover la coordinación de servicios educativos
entre distintas localidades y niveles de educación superior, y garantizar que la
prestación y los programas de educación superior tengan totalmente en cuenta
las necesidades del mercado laboral local, y de este modo mejorar la calidad
de la educación y las oportunidades de empleo de los graduados.
La financiación de la educación superior en las regiones menos
desarrolladas es un aspecto clave. El gobierno ha confirmado que "existen
desbalances dramáticos entre el apoyo y los recursos de los cuales dependen
las grandes universidades y los de las instituciones de educación superior
en las regiones periféricas" (CESU, 2014). Las visitas de nuestro equipo así
lo corroboraron. Las instituciones en la periferia carecen de recursos para
financiar los estándares académicos exigidos por la AAC y de esta manera
atraer a estudiantes y becas que ayudarían a financiar el mejoramiento
adicional de la calidad. Los bajos niveles de cualificación académica
son una gran preocupación en todo el sistema de educación superior en
Colombia y un reto particular para las universidades públicas regionales:
la mayor parte no puede ofrecer los programas de un nivel más alto que le
permitiría mejorar la cualificación de las personas, y carece de los recursos
y reputación para atraer más y mejor cualificados profesores (OCDE/BIRF/
Banco Mundial, 2013). Reducir estas brechas en los recursos implicaría una
reforma del sistema nacional de asignación de recursos, así como medidas
para aumentar la inversión local en educación, que equivale a menos del
3% de la financiación general de la educación superior (véase el Aspecto 3
de la política). Asimismo, las partes interesadas entrevistadas por el equipo
de revisión destacaron la posibilidad de ampliar la cooperación institucional
y, en algunos lugares, realizar fusiones para alcanzar economías de escala.
Las secretarías de educación locales sin duda podrían desempeñar un papel
mucho más activo para ayudarles a las instituciones dentro de su jurisdicción
a compartir recursos físicos y humanos.
REVISIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES DE EDUCACIÓN: EDUCACIÓN EN COLOMBIA