nacionales

CAPÍTULO 5. EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA – 321
por las universidades; una diferencia mucho mayor que en cualquiera de los
países de la OCDE (MEN, 2015a).
El consenso frente a lo inadecuado del mecanismo actual de financiación
es amplio (CESU, 2014). Las asignaciones de fondos a cada institución
deberían reflejar la cantidad de estudiantes matriculados y los cambios en
estas cifras, en lugar de estar basadas en niveles históricos. Los programas a
distintos niveles y disciplinas tienen costos unitarios diferentes; estos también
deberían estar reflejados en las asignaciones. Asimismo, el gobierno podría
tener en cuenta asignaciones especiales para instituciones que ofrecen niveles
y tipos de estudios considerados como prioridades nacionales o importantes a
nivel económico, o que brindan oportunidades en departamentos con escasa
prestación de educación superior. Esto será esencial para reducir inequidades
regionales, aumentar la calidad de los programas técnicos y tecnológicos,
y alinear de mejor manera el sistema de educación superior con las metas
nacionales y regionales de desarrollo.
Los sistemas de financiación también pueden utilizarse para incentivar
y premiar el desempeño. En el sistema actual, solo cerca del 17% de los
recursos transferidos a las instituciones públicas para operaciones e inversión
son asignados con base en los resultados (CESU, 2014). Se han tomado
algunas medidas de distribución con base en el desempeño a través del
CREE, el cual asigna recursos con base en indicadores de cobertura y calidad,
y asociados a planes de mejoramiento. Estas reformas buscan aumentar la
inversión en investigación, actualizar la cualificación del personal y mejorar la
infraestructura. Sin embargo, los recursos del CREE son escasos comparados
con la financiación pública total. Avanzar hacia un enfoque basado en
resultados y usar la financiación para promover el mejoramiento significaría
aumentar el componente basado en el desempeño del sistema nacional de
transferencias. Las instituciones podrían ser premiadas por la eficiencia,
logrando niveles bajos de deserción y repetición y tasas altas de finalización
de estudios dentro de un periodo de tiempo razonable. Igualmente, las
instituciones podrían obtener mayores recompensas si consiguen lo anterior
y además reciben cantidades significativas de estudiantes con orígenes
desfavorecidos o que vienen de centros educativos con mal rendimiento,
y movilizan recursos para sostenerlos; mantienen bajos costos unitarios y
de matrícula; reflejan un buen valor añadido en las pruebas SABER PRO;
garantizan altos niveles de satisfacción estudiantil, buenos resultados de
empleo y altas tasas de rentabilidad para sus estudiantes; y consiguen buenas
calificaciones de calidad.
Estas reformas exigirán mejoras considerables en la transparencia y
rendición de cuentas de las instituciones de educación superior en Colombia
(Salmi, 2013). Sin la información precisa sobre cómo las instituciones de
educación superior utilizan sus recursos y cómo se desempeñan, es difícil
REVISIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES DE EDUCACIÓN: EDUCACIÓN EN COLOMBIA