Manual sobre recaudación y cobranza de tributos

Manual de Recaudación y Cobranza
cabo consultas que le permitan llegar al nivel de certeza
deseado. Para ello, una administración tributaria puede
consultar fuentes de información públicas o bien acceder
al intercambio de información entre Estados. La información
de interés a estos efectos, sería:
• Información general del contribuyente,
• Información general de otras personas relevantes,
• Domicilio del contribuyente,
• Activos o fuentes de ingreso,
• Información de otras personas que son responsables
del pago del impuesto o terceras partes que mantienen
activos que pertenecen al contribuyente deudor.
Dependiendo de la información obtenida, se pueden
tomar diferentes acciones:
• Determinar que no es posible cobrar la deuda en el
exterior.
• Aplicar procedimientos para incentivar el pago voluntario
si se cree que esto es posible y conveniente en
términos de costo/beneficio.
• Cursar una solicitud de asistencia.
8.4 Confidencialidad
La confidencialidad es un aspecto “clave” del proceso. La
información que se intercambie en el marco de la aplicación
de la asistencia en cobranza debe ser considerada
como “secreta” de acuerdo a las normas de confidencialidad
de los países involucrados. Además, el país solicitante
debe observar los requerimientos especiales que
pueda sugerir el país requerido al momento de compartir
alguna información.
El principio de especialidad, que implica que la información
solo puede ser utilizada para fines tributarios de
acuerdo a lo establecido en las bases legales, rige en
todos los casos. Sin embargo, algunas bases legales permiten
usar la información para otros fines no tributarios
si las propias normas internas lo permiten y existe una
autorización de la parte requerida.
Básicamente, quienes pueden acceder a la información
son las personas encargadas de calcular, recaudar y
exigir impuestos (incluyendo cortes, cuerpos administrativos
y en algunos casos, autoridades de supervisión).
Estas personas solo podrán utilizar la información para
los fines planteados en el acuerdo.
8.5 Derechos y salvaguardas
A efectos de entender y respetar los derechos de los
contribuyentes, los Estados contratantes deben informarse
mutuamente y periódicamente sobre sus respectivas
legislaciones o prácticas administrativas relativas
a dichos derechos y garantías. Esta información debe
comprender las normas sobre notificación previa al acto
ejecutivo, sobre el derecho a recurrir el crédito tributario
y las medidas ejecutorias adoptadas por la parte requerida,
sobre el derecho del contribuyente a conservar un
mínimo para subsistencia, etc.
En este sentido, es importante mencionar que el principio
de reciprocidad constituye una salvaguarda de los
derechos del contribuyente al evitar que un Estado tome
ventaja de las normas más amplias que otro Estado
pueda tener, con el ánimo de cobrar créditos que con sus
normas internas no sería posible recuperar. Sin embargo,
este principio no implica que el Estado requerido no esté
autorizado para adoptar medidas que permitan prestar
asistencia en la recaudación tributaria, aun cuando el
Estado requirente no pudiera adoptarlas en circunstancias
similares.
Si bien por la manera en que están redactadas las cláusulas
de los instrumentos internacionales más conocidos,
se entendería que existe la obligación de atender todas
las solicitudes de asistencia siempre que cumplan con
los requisitos necesarios. No obstante, con el ánimo de
proteger derechos de los contribuyentes, se establecen
excepciones bajo las cuales un Estado podría argumentar
denegar una solicitud. Por ejemplo, el apartado 8
del artículo 27 del Modelo de Convenio, así como los
artículos 19 y 21 del Convenio Multilateral recogen estas
excepciones. Las mismas se refieren principalmente a
las posibilidades legales y procedimentales de los países,
como así también a otros asuntos sensibles para los
gobiernos –orden público-, o bien cuando no se cumpla
con el principio de “proporcionalidad” -cuando la carga
administrativa sea desproporcionada con relación al crédito
a recuperar- o “subsidiaridad” -cuando un Estado no
pueda probar que desplego todos sus esfuerzos y agotó
todas las vías disponibles para recuperar el crédito en su
territorio-.
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