RDB-JULIO-2021

colaboran en la expansión del mercado inmobiliario en propiedad a la
vez que han participado en su colapso, como ocurrió en Estados Unidos
en 2007 y posteriormente en otros países, como España. En efecto, con
la concesión de préstamos hipotecarios se crearon burbujas de crédito
que acabaron estallando. Los poderes públicos siguen apoyando a los
bancos privados que actúan en el mercado de la vivienda de varias
formas, directas e indirectas: medidas fiscales favorables a los
propietarios, subvenciones públicas concedidas a estos mismos
propietarios (las primas de renovación, por ejemplo), abandono de la
vivienda social o pública (privatización del parque de viviendas públicas
o falta de inversión pública), desregulación del mercado privado de
alquiler; pero sobre todo, insuficiente control de las actividades
bancarias a pesar del peligro probado de formación de burbujas de
crédito.
Las políticas de vivienda benefician a los bancos privados
Los bancos son empresas privadas que buscan la rentabilidad, y no
pretenden garantizar el acceso a una vivienda digna para todos; ésta es
una función de los Estados. Entre fomentar la propiedad privada e
invertir en el derecho de las personas a la vivienda, parece que hay que
elegir y que nuestros dirigentes y sus predecesores ya han elegido. Han
optado por desentenderse de los derechos fundamentales de sus
pueblos, y en particular del derecho a la vivienda, ya que asumen muy
poca responsabilidad al respecto (Madden y Marcuse, 2016). Como
consecuencia, millones de hogares tienen cada vez más dificultades para
encontrar una vivienda digna, asequible y adecuada en unos mercados
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