RDB-JULIO-2021

u otro tipo de vivienda, las y los futuros compradores generarán un gasto
que supera ampliamente sus ingresos corrientes, por lo que solicitarán
a sus bancos préstamos hipotecarios. A cambio, tendrán que
comprometer una parte de sus ingresos durante los próximos años o
décadas. Por lo tanto, un préstamo hipotecario constituye una promesa
de trabajo a largo plazo, e incluso de ingreso, lo que ya es en sí un
problema si tenemos en cuenta que la economía capitalista neoliberal
está en crisis perpetua y que, en este contexto, una promesa de ingresos
para los próximos años es en gran medida materia de especulación, con
independencia de las propias intenciones de las y los deudores. En
efecto, éstas y estos son incapaces de controlar los efectos de una crisis
económica sobre su trabajo y sus ingresos, como lo demuestra la
situación de millones de deudores insolventes después de la crisis de
2007-2008; y la situación actual vinculada a la pandemia de la Covid-19
podría ser igualmente problemática para los hogares deudores. Si,
además, las y los futuros compradores no tienen más remedio que
endeudarse para pagar la vivienda, nos inclinamos a considerar sus
deudas como ilegítimas (García-Lamarca, M. y Kaika M., 2016).
Dado que los mercados de alquiler en la mayoría de las ciudades
europeas se han vuelto altamente competitivos, incluso saturados,
discriminatorios, caros y no regulados, con ofertas no siempre adaptadas
a las circunstancias de vida o a las formas de vivir, la compra aparece
como una alternativa. Ésta pretende ofrecer la posibilidad de una
vivienda digna, adaptada o adaptable, asequible, regulada y no
excluyente. Sin embargo, las cosas no siempre son tan sencillas. Para
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