RDB-JULIO-2021

austeridad fue impuesta por la Troika al gobierno, bajo su tutela durante
años, sin que el país llegara a salir realmente de ella. Así, las y los
acreedores del país pudieron exigir cambios legislativos para beneficiar
a los bancos, especialmente cambios en la ley Katseli (creada para
limitar el desahucio de los hogares insolventes mediante el embargo de
su residencia principal por deudas impagadas) (Gotev, 2019). En febrero
de 2019, por ejemplo, el Eurogrupo había amenazado abiertamente a
Grecia con no pagarle los intereses de su deuda en manos del BCE si no
realizaba una drástica reforma de la ley Katseli. Finalmente, ésta sufrió
numerosas modificaciones en beneficio de los bancos, facilitando las
ejecuciones hipotecarias.
La misma suerte corrió la legislación chipriota. El derecho a la vivienda
de los hogares estaba consagrado en la legislación desde 1965. En 2014,
el gobierno modificó la ley que garantizaba el derecho a la vivienda
según las exigencias de sus acreedores. Esto permitió a los bancos
desalojar a los hogares deudores insolventes tras 60 días de impago,
que es el periodo definido para que un préstamo se considere moroso.
Los hogares deudores insolventes seguían teniendo la posibilidad de
retrasar su desahucio renegociando su deuda. En 2018, una nueva
enmienda legislativa anuló la posibilidad de renegociar su crédito y los
procedimientos de desahucio se privatizaron y automatizaron,
cercenando así cualquier posibilidad de recurso.
Los hogares insolventes en España se enfrentaron a situaciones
igualmente trágicas. La legislación vigente, que permitía a los bancos
desahuciar a varios cientos de miles de hogares insolventes durante los
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