RDB-JULIO-2021

por lo tanto deberían ser canceladas. Si las y los deudores hubieran
podido elegir entre dos posibilidades –alquilar o comprar una vivienda
adecuada, digna y asequible– y si las y los acreedores, es decir los
bancos, no sólo hubieran tratado de satisfacer a sus accionistas sino de
ofrecer sus servicios teniendo en cuenta las propias necesidades de los
deudores y la situación económica nacional y mundial, la cuestión habría
sido diferente. También hay que recordar que antes de 2007, un gran
número de deudoras y deudores ya no podían reembolsar sus hipotecas;
con la crisis, se les exigió que pagaran a toda costa, y en caso contrario
se les desalojó o se les amenazó con el desahucio (European Action
Coalition for the Right to Housing and the City, 2018).
Cuando, por ejemplo, cientos de miles de hogares en Estados Unidos y
España contrataron hipotecas demasiado elevadas para sus modestos
ingresos, resultó que estos préstamos eran en gran medida ilegítimos y
a veces incluso ilegales. Eran ilegítimos porque no beneficiaban
realmente a las y los deudores: eran demasiado caros, los contratos de
deuda no eran claramente ventajosos para aquéllos, las y los deudores
no tenían ninguna alternativa a la compra de sus viviendas y, por lo
tanto, se veían obligados a endeudarse. Un número importante de
hipotecas eran incluso ilegales, con cláusulas abusivas en los contratos
de préstamo. La ilegalidad de las hipotecas españolas fue puesta de
manifiesto por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), uno de
los mayores movimientos por el derecho a la vivienda en Europa, que
nació a raíz de la crisis hipotecaria española iniciada en 2008, la más
violenta del continente (García Cabeza M. y De Weerdt J., 2015) .
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