RDB-JULIO-2021

Cuando los gobiernos optaron por recapitalizar a los bancos privados a
pesar de las dudosas prácticas de éstos, provocaron un aumento
significativo de los niveles de deuda pública en relación con el PIB. Son
por ello las poblaciones enteras de los países endeudados las que han
pagado el precio. Hay algo fundamentalmente ilegítimo en pedir a la
gente que refinancie, mediante el aumento de los impuestos y la
austeridad, un sistema bancario que durante años se ha aprovechado
de sus ingresos y ha creado las condiciones para su dependencia por la
falta de alternativas a la deuda (Graeber, 2011). El gasto público que se
ha utilizado para recapitalizar el sistema bancario no ha servido para
socializar a los bancos, ni siquiera en parte, ni para someterlos a un
control más estricto, ni tampoco para limitar realmente su actividad
financiera. Por lo tanto, siguen beneficiándose de los ingresos de los
hogares de varias maneras: a escala individual, concediendo préstamos
a las familias y beneficiándose de su devolución; y a escala colectiva, al
haber sido recapitalizados con dinero público obtenido mediante los
impuestos y la deuda pública.
La población endeudada no parece haber ganado nada con la
recapitalización de los bancos, por cuanto con ello se ha evitado el
colapso de un sistema bancario que concedió créditos a veces ilegales,
ilegítimos y odiosos, sin haber conseguido exigirles ninguna
compensación y quedando expuestos a nuevas crisis[1]. En este sentido,
los miles de millones de euros inyectados en los bancos, desde Bruselas
a Atenas, pasando por Nicosia, Madrid, Lisboa y Dublín, han creado una
deuda pública ilegítima que también debería haber sido cancelada.
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