mødet onsdag i den 13. marts 2002 sitzung am mittwoch i, 13. märz ...

13-03-2002 65
Council and Commission will also be aware of this House's concern for the complex situation facing cross-border workers.
The Belgian presidency had put forward a number of proposals in this area, yet the agreement reached at present is only
minimal, as parameter 8 concerning medical treatment shows. So what are the prospects for further improvements for this
group of workers? We are also asking the Commission for its perspective on a number of issues where Council seems to
be less enthusiastic about the Commission perspective as well. We would also ask whether the increasing links between
the tax and the social security systems are being addressed by Council and Commission, either within the context of the
regulation or elsewhere.
We are all well aware of the desire of Council and Commission to see increased mobility within the workforce and, as a
Member of Parliament's Committee on Petitions, I know as well that a number of those who work in other Member States
find their situation made more difficult by the lack of effective information, but also by anomalies within the coordination
system.
Many of us are concerned that Council appears reluctant to make free movement an easy reality. We know this is a
complex administrative issue, but many of the niceties of exclusion of certain benefits and complex rules simply appear as
barriers. It appears at times that it is easier to move ball-bearings around the European Union than it is to move people.
3-197
De Miguel, Consejo. - Señor Presidente, el 6 de febrero de 2002 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de
reglamento por el que se amplían las disposiciones del Reglamento CEE 1408/71 a los nacionales de terceros países que,
únicamente por razón de su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas. Dicha propuesta se basa en el apartado 4 del
artículo 63 del Tratado CE.
El Consejo ha convenido en la posibilidad de utilizar el apartado 4 del artículo 63 como fundamento jurídico, tal como
propuso la Comisión. Con arreglo a lo que dispone el propio apartado 4 del artículo 63, el Consejo deberá adoptar las
medidas que definan las condiciones con arreglo a las cuales los nacionales de terceros países, que residan legalmente en
un Estado miembro, puedan residir en otros Estados miembros.
El Consejo ha considerado que el artículo 42 del Tratado CE, interpretado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia -en particular de la sentencia dictada en el asunto Jalil C-95/99- no parece constituir un fundamento jurídico
suficiente para esta ampliación. En efecto, señor Presidente, de la sentencia Jalil se desprende que el Tribunal no ha
censurado la inclusión de los apátridas y refugiados en el Reglamento 1408/71, basado en el artículo 51 -actualmente, el
artículo 42- del Tratado CE, únicamente en la medida en que se trata de una categoría reducida a personas, con respecto a
la cual los Estados miembros han asumido compromisos internacionales. En efecto, el Tribunal ha resuelto lo siguiente:
“no se puede reprochar al Consejo que, en el ejercicio de las competencias que de este modo le han sido atribuidas en
virtud del artículo 51 del Tratado CE, también haya tenido en cuenta a los apátridas y a los refugiados que residan en el
territorio de los Estados miembros con el fin de respetar los compromisos internacionales de estos últimos que ha
recordado anteriormente”.
Como ha destacado el Abogado General en el punto 59 de sus conclusiones: “una coordinación que excluyera a los
apátridas y a los refugiados habría conducido a los Estados miembros, con el fin de garantizar el respeto de las
obligaciones internacionales, a tener que establecer un segundo régimen de coordinación destinado únicamente a esta
categoría muy reducida de personas”.
Por tanto, el Consejo, considera que el procedimiento aplicable para adoptar una decisión es el previsto por el Tratado CE.
Si el fundamento jurídico que se adopta para ampliar la coordinación a los nacionales de terceros países resulta ser el
apartado 4 del artículo 63, el Consejo deberá pronunciarse con arreglo al procedimiento dispuesto en el artículo 67.
Por lo que respecta a los trabajadores fronterizos, el Consejo ha alcanzado un acuerdo de principio en materia de
prestaciones de enfermedad y desempleo según el cual se deberá estudiar la situación de los antiguos trabajadores
fronterizos pensionistas. Según las disposiciones del actual Reglamento, el trabajador fronterizo puede gozar de las
prestaciones de enfermedad en especie en el territorio del Estado competente, pero ya no goza de este derecho cuando es
pensionista. Por razones de continuidad, para que pueda continuar tratamientos iniciados, se debería permitir al antiguo
trabajador fronterizo seguir beneficiándose de las prestaciones de enfermedad en especie en el territorio del antiguo Estado
donde ha trabajado.
Por último, en lo que se refiere al desempleo, que durante su última actividad profesional residía en el territorio de un
Estado miembro distinto del Estado competente, el objetivo principal es insertarlo del mejor modo posible en los mercados
de trabajo. Además, será conveniente garantizar la protección social del desempleado teniendo en cuenta los aspectos
financieros de la cuestión y garantizar un control eficaz.
Por lo que atañe a la relación entre fiscalidad y seguridad social, esta cuestión compete, esencialmente, a los Estados
miembros y no a la Unión.