mødet onsdag i den 13. marts 2002 sitzung am mittwoch i, 13. märz ...

66 13-03-2002
Cabe destacar, que en un plano general, las directrices para el empleo de 2002 llaman la atención sobre la necesidad de
adaptar las estructuras impositivas y de indemnizaciones de manera que no incidan negativamente en la participación en la
vida activa, particularmente, en lo que respecta a las mujeres.
Los nacionales de los países candidatos que se conviertan en nacionales comunitarios por el simple hecho de la adhesión
quedarán incluidos, en virtud de la misma, en el ámbito de aplicación del Reglamento 1408/71. Las posibles excepciones a
este principio, que podrían traducirse, por ejemplo, en forma de períodos transitorios, se determinarán en el marco de los
acuerdos de adhesión, que están en este momento en negociación.
3-198
Solbes, Comisión. - Señor Presidente, respondiendo a las dudas planteadas en la pregunta oral del Sr. Bouwman, por parte
de la Comisión me gustaría destacar lo siguiente: en primer lugar, en cuanto al fundamento jurídico, compartimos lo
expresado por la Presidencia en ejercicio del Consejo; en nuestra opinión, el fundamento jurídico adecuado es el apartado
4 del artículo 63 del Tratado CE. No hace falta repetir su lectura textual, cosa que ya ha hecho la Presidencia. Nosotros
consideramos que la sentencia Jalil, de octubre del pasado año, plantea la inadecuación del fundamento jurídico del
artículo 51 (42 actual) y obliga a reconsiderar el de la Decisión propuesta en el año 1997. A partir de la entrada en vigor
del Tratado de Amsterdam, con las nuevas disposiciones del Título cuarto, pensamos que el fundamento jurídico adecuado
es el apartado 4 del artículo 63 del mismo, teniendo presente, al mismo tiempo, que el artículo 308 del Tratado sólo puede
aplicarse si no existe ningún otro fundamento jurídico.
Su Señoría también pregunta la opinión de la Comisión acerca de una serie de parámetros planteados por el Consejo,
concretamente los parámetros 6, 10 y 11, relativos a los acuerdos entre países, las prestaciones de desempleo y las
prestaciones familiares.
En cuanto al primer punto, la Comisión opina que el parámetro 6 es aceptable, dado que esta posibilidad ya está
contemplada en el actual Reglamento. La Comisión considera positivo que en este Reglamento, a diferencia del actual, se
establezcan criterios para mantener estos acuerdos, especialmente en los casos más favorables para la persona afectada.
En segundo lugar, en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, la Comisión lamenta la falta de progreso en lo que
respecta al parámetro 10, que no aporta ninguna modificación esencial de las disposiciones actuales, sobre todo porque no
ofrece ninguna solución concreta respecto a la situación de los trabajadores fronterizos.
En cuanto a las prestaciones familiares, el parámetro 11 no responde exactamente a la propuesta de la Comisión, pero, en
todo caso, ésta considera positivo que en el mismo esté previsto garantizar al beneficiario el importe máximo de las
prestaciones. Este parámetro mejorará la situación de los pensionistas y de los huérfanos en comparación con el
reglamento, ya que estas personas se beneficiarán de las mismas disposiciones aplicables a la misma categoría de
prestaciones familiares que los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.
La relación entre fiscalidad y seguridad social es otra de sus preguntas. Es cierto que el Reglamento (CEE) nº 1408/71 se
refiere a la coordinación de los regímenes de seguridad social en los Estados miembros. No existen normas explícitas para
la coordinación de estos sistemas fiscales y, en su mayor parte, esta cuestión se resuelve por los acuerdos bilaterales sobre
la doble imposición que han celebrado casi todos los Estados miembros. Estos acuerdos siguen el modelo de la OCDE, lo
que significa que, en la mayor parte de los casos, los ingresos procedentes del trabajo asalariado (y también los de cuenta
propia) están sujetos únicamente, o bien a los impuestos del país en que se ejerce la actividad, o bien a los del país de
residencia. Por tanto, si están sujetos a los impuestos del Estado miembro donde se ejerce la actividad, el mismo país es
competente tanto para la fiscalidad como para la seguridad social.
El Tribunal de Justicia confirmó que, a falta de una armonización a nivel comunitario, los Estados miembros son
competentes para establecer los criterios de asignación de la competencia fiscal para eliminar la doble imposición, pero, al
hacerlo, es lógico que tengan que respetar los principios de la legislación comunitaria y, entre otros, el de la prohibición de
discriminación por razones de nacionalidad.
Expreso mis últimos comentarios en cuanto a la ampliación. En primer lugar, las negociaciones con los países candidatos,
como ha dicho la Presidencia, sobre el Reglamento (CEE) nº 1408/71, en la parte relativa al capítulo 2, concluyeron
provisionalmente -o han concluido- con todos los países menos con Estonia y, dentro de este capítulo 2, se incluye también
la coordinación de los regímenes de seguridad social. Sin embargo, está pendiente la negociación en cuanto a los anexos.
Se ha encomendado a la Comisión administrativa para la seguridad social de los trabajadores migrantes, que presentará en
breve a los grupos de trabajo del Consejo los resultados de sus debates acerca de las entradas, que los países candidatos
han pedido que se incluyan en dichos anexos.