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CAPITULO I
ASPECTOS NORMATIVOS
1. ASPECTOS NORMATIVOS SOBRE TRANSITO
La Constitución señala que el Estado garantizará que los servicios
públicos, prestados bajo su control y regulación, respondan a principios
de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y
calidad; y velará para que sus precios o tarifas sean equitativos (Art. 249).
Establece además, que el Estado ejercerá la regulación del
transporte terrestre, y de otros, mediante entidades autónomas civiles,
con la participación de las correspondientes entidades de la fuerza pública
(Art 252).
En el Capítulo que trata sobre el Régimen Administrativo y
Seccional, en lo referente a los Municipios y concejos municipales, señala
que el concejo municipal, además de las competencias que le asigne la
ley, podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre
en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de
contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la
comunidad (Art. 234).
A pesar de la prevalencia de la Constitución, en la práctica, la norma
que regula la actividad del transporte urbano es la Ley de Tránsito y
Transporte Terrestres que organiza, planifica, reglamenta y controla el
tránsito (Art. 1).
Los organismos creados para el efecto son: en el más alto nivel el
Consejo Nacional de Tránsito que es la autoridad máxima y bajo la
dependencia de éste, con jurisdicción nacional, está la Dirección Nacional
de Tránsito; y, con jurisdicción seccional, los Consejos y Jefaturas
Provinciales de Tránsito (Art. 14).