IPSO_JURE_No_28

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públicos sobre los vehículos que les son asignados a título de “uso personal”, el cual
refiere: “no están comprendidos en el presente artículo los vehículos motorizados
designados al servicio personal por razón del cargo”. Para el jurista FIDEL ROJAS VARGAS 5 ,
“Tal excepción obedece al sentido común de naturaleza del cargo y las necesidades del
servicio imponen, en relación con un marco puntual de permisiones en beneficio del sujeto
público. En vía de interpretación extensiva podría cubrir también a los que en relación de
dependencia administrativa y funcional se hallen subordinado a dichos sujetos y hagan
uso de dichos bienes por indicación.”. Sin embargo, es evidente que la interpretación
de esta excepción típica puede llevar a cobijar actos nocivos para el Estado, tanto en
relación al bien jurídico Patrimonio de la Administración Pública, como en el bien jurídico
Buena Imagen Institucional. Esto es porque la norma no determina los casos en que los
funcionarios desbordan tal facultad y hacen uso de los vehículos de uso personal fuera del
ámbito de atipicidad. En este punto, para el mismo autor, son ejemplos de casos opinables
de desborde de los cometidos del uso personal, el salir de paseo con la familia, prestarlo
a un amigo, pariente o allegado; e inaceptable el uso con fines políticos o delictivos. Para
el peruano ABANTO VASQUEZ 6 , esta situación es sumamente problemática, y así refiere:
“Esta exención resulta difícil de justificar, pues parece constituir un claro caso de violación
del principio de igualdad.”
X. LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 388° A LA LUZ DE SU RATIO LEGIS: LA
PROTECCIÓN DEL BIEN JURÍDICO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
El problema generado por la inclusión de la mencionada excepción típica dentro del mismo
tenor del artículo 388°, ha devenido en la heterogeneidad de criterios de aplicación de la
norma en sede judicial (1488-2011/CSJL; 161-2012/CSJI, 4298-2012-AA, entre otras), en
tanto que, como se ha advertido en el acápite anterior, no se ha limitado claramente la
esfera de injerencia de dicha excepción.
Para salvar este problema, la Sala Penal de Lambayeque, en el expediente 1488-2011/
CSJL, propone que dicho problema puede salvarse aplicándola sistemáticamente con el
artículo 10° del mismo código penal, y dispone: “la exclusión «vehículos motorizados»
del genero «vehículos» a que se contrae el primer párrafo del citado artículo, se justifica
no por su adscripción a un servicio público sino por el criterio de funcionalidad… como tal,
debe interpretarse en forma restringida, no pudiendo extenderse por ejemplo al concepto
«servicio familiar por razón del cargo», pues esta salvedad se prevé por la ley como intuitu
personae (cfr., lo previsto por el artículo 10 del código penal: «las prerrogativas que por
razón de la función o cargo se reconocen a ciertas personas, habrán de estar taxativamente
previstas en las leyes»)”. Sin embargo, esta sola interpretación, a entender del tribunal
constitucional, es insuficiente, en tanto que: “…si bien la resolución que efectuó la sala
emplazada fue correcta en cuanto al sentido de la excepción típica prevista en el tercer
párrafo del artículo 388° del Código Penal, dado que considero que “el uso personal del
vehículo” excluye “uso familiar” del mismo, existe una insuficiente motivación en cuanto
a los términos en los cuales cabe entender que un “uso familiar” de un vehículo resulta
excesivo y totalmente ajeno a las razones de funcionalidad de la excepción penal en
cuestión, dado que, como ya se dijo, existe la posibilidad de que en algunos casos dicho
“uso familiar” no constituya una acción típica. No ha efectuado, pues, la Sala emplazada
un examen de Razonabilidad de los términos en los cuales cabe excluir ciertas acciones de
la esfera de aplicación de la excepción prevista…”
Ante esta circunstancia, se propone aplicar la norma teniendo en cuenta la ratio legis
de toda norma penal: la protección de un bien jurídico especifico; en el caso concreto, la
Administración Pública.
5 ROJAS VARGAS, Fidel.”Delitos contra la Administración Pública”. 4° edición. Editorial Grijley. Lima, 2007, p. 543.
6 ABANTO VASQUEZ, Manuel. Los Delitos contra la Administración Pública en el Código Penal Peruano. Palestra Editores. Lima, 2001; pg. 325