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derrocamiento de la autoridad constitucionalmente elegida, ni la supresión o modificación del
régimen constitucional, sino que la intensidad del injusto típico es mucho menor al buscar impedir
o exigir de la autoridad determinado comportamiento funcional, lo que supone primariamente, la
aceptación y sumisión a su condición de autoridad.
Se ha penalizado asimismo, la omisión de resistencia a rebelión, sedición o motín, por parte del
funcionario que pudiendo hacerlo, se limita en su actuar, caso en el cual éste autor no podrá
ampararse en la causa de justificación prevista en el inciso 4 del artículo 20 del Código Penal.
III.
LA REBELIÓN Y EL DERROCAMIENTO DEL GOBIERNO LEGALMENTE CONSTITUIDO:
Recapitulando lo antes expuesto, conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución
Política del Estado Peruano, el derecho de insurgencia de la población civil en defensa del orden
constitucional procede frente a gobiernos usurpadores, mientras que la desobediencia civil
operaría tanto frente al gobierno usurpador como frente a quienes asumen funciones públicas en
violación de la Constitución y de las leyes.
Como hemos visto, esta interpretación se corresponde con el espíritu del propio orden
constitucional, pues si la autoridad de un sector del Estado o la calidad de funcionario público
ha sido asumida de motu proprio por una persona o grupo contra las directrices del Gobierno
Constitucional, es obligación del propio Gobierno acudir al empleo de la fuerza pública para la
restauración del orden constitucional, lo que no supone dejar de lado el actuar de la población, la
que debe responder mediante la desobediencia civil; siendo el derecho de insurgencia, aquí, de
última ratio frente a la ineficiencia del Gobierno.
Caso distinto es el que ocurre frente a Gobiernos usurpadores que han asumido el Poder en
forma contraria a los mecanismos constitucionales y en contra de la voluntad popular, así como
a lo que LOCKE denominaba Gobiernos Tiránicos, que son aquellos que no obstante haber sido
instaurados legítimamente, devienen en usurpadores al hacerse con las funciones de otros órganos
autónomos. En ambos casos, la población civil tiene expedito el derecho a la desobediencia civil y
de insurgencia.
Aquí se encuentra el eje central del estudio. Y es que, a tenor de lo previsto por el artículo 346
del Código Penal, el delito de rebelión se configurará con el alzamiento en armas destinado a
variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o modificar el régimen
constitucional; desde estos supuestos, es claro que el grupo de personas armadas que busquen la
variación de la forma de gobierno o la modificación del orden constitucional, por un mecanismo
violento ajeno a aquellos que prevé la Constitución, tales como los referéndums y otros mecanismos
de modificación de la Constitución, incurrirá en el delito de rebelión, al quebrantar el procedimiento
pacífico establecido por el Poder Constituyente.
Sin embargo, ¿Que sucede si los agentes buscan el derrocamiento del gobierno legalmente
constituido que por sus actos arbitrarios se transforma en usurpador?
3.1. El Derecho a la insurgencia como causa de Justificación frente a Gobiernos Usurpadores
Legítimos en su origen:
De acuerdo a la segunda finalidad típica del delito de rebelión, incurre en esta conducta delictiva
quien se alza en armas para deponer al gobierno legalmente constituido; es decir, a aquel que goza
del poder por voluntad popular, manifestada en un proceso eleccionario realizado conforme a la
normatividad constitucional y legal.
Nada se prescribe, sin embargo, respecto de los gobiernos legalmente constituidos que
excediéndose en sus atribuciones constitucionales usurpan funciones de los órganos de poder
estatal, cometiendo actos arbitrarios en perjuicio del Estado Constitucional y Democrático de
Derecho.