IPSO_JURE_No_28

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INTRODUCCIÓN
La resistencia y lucha contra la opresión forman parte de las facultades políticas del
hombre como ser integrado al constructo social, ambas son manifestaciones de nuestra
naturaleza corporativa, y de allí que, cooperando sustancialmente con la dialéctica
histórica,constituyan los cimientos de la evolución sociopolítica y jurídica del Estado;
es decir, y en cuanto a lo que nos interesa, que dichas facultades son necesarias a nivel
estructural para la conquista de derechos -los que en buena cuenta llegan a constituir una
superestructura cultural-.
En esta línea explicitada, resulta atrayente a nuestra consideración el reconocimiento
jurídico constitucional del derecho a la insurgencia de la población civil,y es que a nuestro
criterio, se obvia que los saltos sociopolíticos de la magnitud comentada, en nada requieren
reconocimiento legal y más allá de ello, crean expectativas irrealizables en aquellos que
adoptando la “facultad constitucional” se enfrentan al Gobierno de turno, alegando tras su
posterior derrota el ejercicio de un derecho constitucional 2 .
Este “derecho”, empero, no es reconocido como justificación por los regímenes atacados,
pues ello supondría recusar su propia legitimidad, de allí que el delito de rebelión sea
conocido por alguna parte de la doctrina comparada como el delito de los derrotados,
pues a los insurgentes se les sancionará por este ilícito penal, exista o no justificación.
De allí que, el derecho a la insurgencia, consideramos, no es un derecho, es un recurso
social y político que tiene su origen en la edad moderna, específicamente en la tesis del
pacto de sujeción actualizada por el pacto social, siendo su reconocimiento constitucional
fruto de la emoción política de sus redactores, y teniendo, más allá de alguna duda, el
carácter de declaración de principio político, como bien se encuentra reconocido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
I. EL DERECHO A LA INSURGENCIA:
I.1. Antecedentes Legislativos:
Es menester reconocer, inicialmente, que el derecho a la insurgencia surge como
consecuencia necesaria de la desobediencia y firmeza civil, la cualfue discutida seriamente
a nivel político - filosófico por el profesor inglés Jhon Locke durante el Siglo XVII, quien
efectuó un amplio estudio sobre el “derecho a la resistencia” en sus famosos tratados
sobre “El Gobierno Civil”, delque nos serviremos en algunos pasajes para perfilar los
presupuestos de su ejercicio.
Esta atribución en su forma germinal, aparece de soslayo en la célebre Carta Magna del
año 1215, obtenida tras la cruenta lucha del pueblo inglés contra el Rey Juan Sin Tierra, y
en cuyo artículo 61 se reguló la conformación de un comité de resistencia contra la realeza
conformado por 25 varones, bajo esta terminología:“…esos veinticinco varones, junto con la
comunidad de todo el país, nos acosarán y coaccionarán de todas las maneras posibles, a saber, tomando
nuestros castillos, tierras, posesiones, y de cualesquiera otros modos que puedan, hasta obtener la
reparación debida de acuerdo con su juicio, dejando a salvo, sin embargo, nuestra propia persona, y a
nuestra Reina y nuestros hijos” 3 .
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en Francia el
26 de Agosto de 1789, reconoce intrínsecamente en su artículo 2, la posibilidad de efectivizar un
derecho general a la resistencia, cuando advierte que: “El objeto de toda asociación política es la
2 Si bien no es objeto del presente analizar un caso en particular, resulta pertinente recomendar en vía de ilustración práctica el estudio de los casos del
General de División ® Jaime Salinas Sedó y del Mayor E.P. ® Antauro Humala Tasso, procesados por el delito de rebelión ante la Justicia Nacional.
3 SUTHERLAND, Arthur E. De la Carta Magna a la Constitución Norteamericana, Ideas fundamentales sobre Constitucionalismo, TEA. Buenos Aires, 1972.
p. 42.