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Otra legislación que se debe actualizar es el libro I título II del Código Penal
actual. Precisamente empieza su descripción con las penas, entre las que se menciona a la
prisión y reclusión perpetua, las que no deben aplicarse a los menores, por lo vertido en el
fallo “Mendoza”, resulta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde ya debe descartarse el hecho de que algunos beneficios sí podrán
concederse por mas que hubieran nuevamente incurrido en un actuar ilícito, cuestión
que no se lo admite para los individuos mayores de edad. En relación a este tema los
registros, como el de Reincidencia no deben anotar las sentencias que recaigan mientras
sean menores de edad.
La inhabilitación no podría tampoco dirigirse para los menores en virtud de
que la mayoría de los menores no cuenta con trabajo estable.
OBSERVACION GENERAL N° 10 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
Esta normativa producto del 44 período de sesiones en Ginebra en el periodo
del 15 de Enero al 2 de Febrero del año 2007 arroja claridad y despeja todo tipo de dudas
en relación a la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño.
De aquí pretendo analizar algunos párrafos que hacen al tema analizado.
El interés superior del niño (artículo 3)
“…En todas las decisiones que se adopten en el contexto de la administración de la justicia
de menores, el interés superior del niño deberá ser una consideración primordial. Los niños
se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus
necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base de la menor
culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias
justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen necesario
dar un trato diferente a los niños. La protección del interés superior del niño significa, por
ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión/castigo,
deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de
menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se presta atención a una
efectiva seguridad pública…”
Debe resaltarse que esta actualización no se efectuó en algunas provincias,
como por ejemplo en Salta. Hubo una intensa reforma en lo atinente al proceso penal
cuando los imputados son mayores de edad. Pero se dejó de lado lo vinculado a la materia
juvenil. Lamentablemente los menores son juzgados y sentenciados cuando cumplen la
mayoría de edad. De ello surge una conclusión inevitable, que los procesos de menores
son lentos y que la eficacia de la Justicia ofrecería resultados positivos si se lo condena y
la cumple siendo menor. De allí tiene sentido una Ley de Ejecución Juvenil. Párrafo aparte
merece analizar la escasa infraestructura, y con ello no me refiero a los edificios, sino al
“pensar en el después” de la condena, es decir cuando ya se declaró judicialmente su
culpabilidad.
Mi preocupación radica en que si exigimos que obtengan resolución judicial
rápida también debemos saber qué hacer luego con los menores condenados. Los criterios
en este ámbito serán distintos porque las realidades son distintas.
El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6)
“…Este derecho intrínseco a todo niño debe servir de guía e inspirar a los Estados Partes
para elaborar políticas y programas nacionales eficaces de prevención de la delincuencia
juvenil, pues huelga decir que la delincuencia tiene un efecto muy negativo en el desarrollo