IPSO_JURE_No_28

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NECESIDAD DE UNA LEY DE EJECUCION PENAL
JUVENIL EN ARGENTINA.
ASPECTOS GENERALES.
Por Daniel Alejandro Escalante.
RESUMEN.
Desde hace varios años, las sentencias judiciales vierten expresiones de deseos de
reforma en lo que atañe a la materia en la que está implicado un sujeto activo juvenil,
entre otros aspectos el de la ejecución penal. Ciertamente que se busca la menor
estigmatización para el menor sometido a proceso penal, pero también se pretende
que todo ser humano debe estar sujeto a proceso penal cuando afecten intereses de la
Moral Pública o de terceros. En la última etapa, cual es la ejecución nos encontramos con
un sujeto que debe responder por su culpabilidad, a la vez que debe preparárselo para
reintegrarse a la sociedad y que ello sea con pautas adecuadas.
INTRODUCCION.
Argentina se encuentra en una etapa en la que el Derecho Penal adquiere un
protagonismo relevante, que no se ha visto en otras épocas. La iniciativa de una reforma
integral del Código Penal también conlleva la necesidad de modificar algunas instituciones
propias de la Ejecución Penal, tanto en el ámbito de las personas Mayores de edad como
en el de los Menores. En este último ámbito, la necesidad de adecuar la legislación vigente
a los Convenios Internacionales. Soy un fiel convencido que existen dos ámbitos de control
de convencionalidad, uno formal y otro material. El primero expresado mediante el Art. 75
inc. 22 de la Constitución Nacional, pero en los hechos no sucede lo mismo.
La Ley 24.660 tiene un formato para ser aplicado a las personas mayores de
edad, pero no es adecuado para el menor. Por ejemplo la privación de libertad debiera ser
considerada como última medida para el menor, y por ello se debiese hacer hincapié en las
medidas alternativas a la prisión.
Otra ley anacrónica resulta de la Ley 22.278, la que además de estar en contra
de la Convención de los Derechos del Niño, no estipula nada en lo relativo a la ejecución
de la sentencia penal.
Por todo ello es que resulta de suma utilidad crear una Ley de Ejecución Juvenil
y esta expresión de deseo se plasma en estas páginas.
EL CODIGO PENAL Y LA LEY 24.660. FALENCIAS.
El paradigma de la Progresividad no debe empezar desde la etapa de Ejecución
cuando un Menor sea el imputado. En los procesos juveniles, debe empezar desde el primer
momento de la investigación a comenzar a ser tratado, tanto en el cuidado y protección
de su salud. Tal es la postura que se afirma a tal punto que la presencia de la Asesora de
Menores e Incapaces en un expediente de Menores resulta fundamental desde el inicio
del proceso penal de Menores.
En cuanto a los beneficios que regula dicha ley, tales requisitos distan mucho
de ser exigidos a los menores, sobre todo cuando se regula requisitos en el ámbito de la
prisión perpetua, entre otros institutos.
Quizás sea mucho más coherente crear alternativas pero teniendo presente la
maduración de los Menores en Conflicto con la Ley Penal. El sistema de puntos de conducta
debería ser impuesto por un grupo interdisciplinario respetando las bases prescriptas por
la Convención de los Derechos del Niño.