IPSO_JURE_No_28

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comenzó la condena. El tribunal puede mantener la sanción, sustituirla por una sanción
en libertad bajo supervisión condicionada, en el caso de delitos de homicidio en primer y
segundo grado, y si el director provincial de justicia juvenil lo recomienda, sustituir la pena
juvenil del internamiento para rehabilitación intensiva y orden de supervisión, a una pena
juvenil del internamiento por un máximo de 6 años seguidos de libertad bajo supervisión
condicional, por el período que reste para sumar. Este procedimiento fija para los casos en
que el bien jurídico comprometido es la vida, un sistema de revisión de la sanción juvenil,
en audiencia, con derecho a defensa, con información sobre el desarrollo de la sanción y,
en caso de ser favorable, con el cambio a una pena menos gravosa.
CONCLUSIÓN
Dentro del contexto de las preocupaciones por la mejora del funcionamiento
de la sustitución están los derechos de los jóvenes. Considero de muy alta relevancia
tratar y erradicar preocupaciones en una eficiente contribución en aras de incrementar la
seguridad en la ciudad, a través de programas eficientes de reinserción para aquellos que
han infringido la ley.
Intervenciones y progresos basadas en estadísticas serias que constituyan
indicadores que nos permita evaluar si hay avances o no, que dicha información sea del
dominio público, son todas características de las mejores prácticas contemporáneas.
El derecho de ejecución penal juvenil debe contener todo este tipo de ingredientes.
Un camino conveniente para ir por esa ruta es avanzar en la especialización. Algunos
pensadores sostienen que esta especialización debería ser exclusiva y garantizar que
solo los operadores especialistas conozcan de esta clase de infracciones desde la primera
audiencia.
Binder plantea el punto al sostener que “eficacia no significa aumentar el
contenido violento del poder punitivo, sino todo lo contrario. Eficacia significa tener la
capacidad de contribuir al control de la criminalidad con el menor contenido de violencia
posible”. En ese orden de consideraciones, el instituto de la sustitución, a la manera que
aquí se ha planteado, despliega toda su relevancia.
Una Ley de Ejecución Juvenil resulta a todas luces necesarias, no solamente
por la exigencia que estipula la Convención de los Derechos del Niño sino también por la
realidad misma.
En un país donde en todos los ámbitos jurídicos esta primando la Especialidad
en la materia, implica ofrecer un acabado conocimiento sobre los temas que debe
investigarse y decidirse. Es por ello que se promueve la iniciativa de crear una ley de neto
corte nacional.
Existen la práctica de regular en los códigos procesales penales lo atinente a
la ejecución de la pena, cuando si bien en principio ello está bien pero hasta cierto punto.
Ello podría desembocar en crear legislaciones discordantes y hasta incompatibles entre
las provincias. Cuando en realidad lo que se pretende es lograr la uniformidad entre las
legislaciones procesales en virtud de la existencia de un único Código Penal, a fin de no
violar la garantía constitucional de Igualdad regulada en Art. 16 de la Constitución Nacional.
Esta ley nacional debe contar, además de la normativa pertinente, con el
presupuesto necesario y suficiente como para poder llevar adelante las políticas y
principios que tienen su basamento en la Convención de los Derechos del Niño. Como
sucede en varias normativas sancionadas, muchas son un simple deseo y queda en esa
situación, sin poder llevarse a la realidad.
En otro orden de cosas, algunos países del Continente Americano empezaron
a llevar adelante esta iniciativa con muy buenos resultados, sobre todo si se pregona que