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3.6.- REPRESIÓN DE LA CULTURA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN Y DEL
ABUSO DEL DERECHO
Es necesario, también, tener en cuenta que la ley, por su naturaleza y finalidad,
nunca puede ser injusta.
En este sentido, es materia de consideración esto: Si al causante en vida se le
dio una pensión de menos a la que realmente correspondía, entonces, so pretexto de la
“caducidad” (en el sentido del artículo 46, esto es, por causa de muerte), no se puede
avalar la conducta abusiva e ilegal de la entidad demandada, que se configuró al otorgar al
extinto titular, una pensión (prestación) diminuta; ello significaría legitimar el “abuso del
derecho” que está proscrito por la ley (Artículo II del Título Preliminar del Código Civil).
Si, en su momento, se calculó un número de años menor, tal fue atribuible a la
entidad demandada, la cual, con ello, causó perjuicio al titular de la pensión.
Es cierto que, de manera general, los derechos no pueden ejercitarse
indefinidamente, pues por ello existen las instituciones de “prescripción” y “caducidad”
(en su sentido prístino: extinción del derecho por el transcurso del tiempo), cuya finalidad
es garantizar la seguridad del tráfico jurídico.
No obstante lo dicho en el párrafo precedente, hay que tener en cuenta dos
circunstancias: 1) como queda visto, las irregularidades producidas en el otorgamiento de la
pensión, se deben, generalmente, al accionar (contrario a ley) de la entidad administradora,
y no a omisiones del pensionista; 2) conforme a lo establecido por el Tribunal (sentencia
1417-2005-AA/TC), las pretensiones previsionales no caducan ni prescriben.
Sería arbitrario e ilegal, e, incluso, sería un absurdo, que se considere que por el hecho
de la muerte del titular, se prive a sus herederos de la obtención de bienes, beneficios o
derechos, cuyas “condiciones” de adquisición se “generaron”, “produjeron” o “adquirieron”
en vida del titular, y que –como se ve con mucha frecuencia- “no se efectivizaron” en vida
de éste, por circunstancias ajenas a su voluntad y, por el contrario, atribuibles, de manera
exclusiva, a la entidad administradora. Permitir esto sería fomentar o favorecer la “cultura
del incumplimiento de las obligaciones” y el abuso del derecho proscrito por nuestra ley
civil. Por ejemplo: La falta de reajuste de la pensión con aplicación de la Ley 23908, es
atribuible a la entidad administradora y no al titular de la pensión: porque conforme a la
referida Ley, es la entidad administradora la que, de oficio, debía haber procedido a aplicar
la ley, y no esperar que lo pida el titular y, mucho menos propiciar que éste recurra a un
largo proceso judicial.
IV.- CONCLUSIONES
1. Cuando el artículo 46 del Decreto Ley 19990 dice “Pensión”, se refiere a la
“Prestación” o expresión concreta del Derecho a la Pensión, es decir, a la suma de
dinero mensual que percibe el Pensionista que ha obtenido ese derecho.
2. Cuando el artículo 46 del Decreto Ley 19990 habla de “Caducidad de la Pensión
por muerte del pensionista”, quiere decir que lo que “Caduca” o “se extingue” es la
Prestación mensual en dinero que percibía el Pensionista.
3. Los diversos “Derechos o Situaciones Jurídicas generados o producidos por la
existencia de una ‘Pensión’”, Son Derechos Adquiridos y No meras Expectativas
de Derechos
4. Los diversos “Derechos o Situaciones Jurídicas generados o producidos por la
existencia de una ‘Pensión’”, Son Derechos Transmisibles por Herencia