IPSO_JURE_No_28

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recibir una educación, un tratamiento y una atención con miras a su puesta en libertad, su
reintegración social y el desempeño de una función constructiva en la sociedad. También
requiere que se examinen de manera periódica el desarrollo y la evolución del niño para
decidir su posible puesta en libertad. Teniendo en cuenta la probabilidad de que la condena
de un menor a cadena perpetua, aun con la posibilidad de su puesta en libertad, hará muy
difícil, por no decir imposible, la consecución de los objetivos de la justicia de menores, el
Comité recomienda firmemente a los Estados Partes la abolición de toda forma de cadena
perpetua por delitos cometidos por menores de 18 años…”
La abolición de la sanción en calidad de “perpetua” deviene necesaria por
los distintos vaivenes jurisprudenciales que se han venido dando, hasta la decisión
y publicación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso
“MENDOZA Y OTROS VS. ARGENTINA” ✒ .
En tal sentido transcribo textualmente los párrafos pertinentes:
“Los castigos corporales, la pena de muerte y la prisión perpetua son las principales
sanciones que son motivo de preocupación desde el punto de vista del derecho internacional
de los derechos humanos. Por lo tanto, este ámbito no sólo atiende a los modos de penar,
sino también a la proporcionalidad de las penas, como ya se señaló en esta Sentencia
(supra párrs. 147, 151, 161 y 165 a 166). Por ello, las penas consideradas radicalmente
desproporcionadas, así como aquellas que pueden calificarse de atroces en sí mismas, se
encuentran bajo el ámbito de aplicación de las cláusulas que contienen la prohibición de la
tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Al respecto, la Corte observa que,
en la sentencia de los casos Harkins y Edwards Vs. Reino Unido, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (en adelante, “el Tribunal Europeo”) estableció que la imposición de
una pena que adolece de grave desproporcionalidad puede constituir un trato cruel y, por
lo tanto, puede vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que
corresponde al artículo 5 de la Convención Americana…”
“Anteriormente, en la presente Sentencia ya se indicó que el artículo 13 del Código Penal
de la Nación aplicable al presente caso señala que las personas condenadas a prisión y
reclusión perpetuas pueden obtener la libertad una vez que hubieren cumplido veinte años
de condena, “por resolución judicial previo informe de la dirección del establecimiento bajo
las siguientes condiciones […]” (supra árr.. 154). La Corte ya determinó que este plazo
fijo impide el análisis de las circunstancias particulares de cada niño y su progreso que,
eventualmente, le permita obtener la libertad anticipada en cualquier momento (supra árr..
163). En concreto, no permite una revisión periódica constante de la necesidad de mantener
a la persona privada de la libertad. Además, en esta Sentencia también ya se estableció que
la imposición de las penas de prisión y reclusión perpetuas por delitos cometidos siendo
menores de 18 años no consideró los principios especiales aplicables tratándose de los
derechos de los niños, entre ellos, los de la privación de la libertad como medida de último
recurso y durante el período más breve que proceda. La Corte estableció, además, que la
prisión perpetua a menores no cumple con el fin de la reintegración social previsto por el
artículo 5.6 de la Convención (supra párrs. 165 a 167). En suma, este Tribunal estimó que la
prisión y reclusión perpetuas no son proporcionales con la finalidad de la sanción penal a
menores…”.
A partir de esta importante decisión fue que se gestó un importante movimiento
en aras de revisar la calidad de las penas en el Proceso Penal y concretamente en el atinente
a los menores, obviamente con las particularidades del caso.
MEDIDAS ALTERNATIVAS.
La restricción de los Derechos del Ser Humano es un fenómeno de carácter
2 Cuya sentencia fue dictada el 14 de mayo de 2013 resolviendo las Excepciones Preliminares, Fondo y lo atinente a las Reparaciones.