IPSO_JURE_No_28

90
germen del derecho a la insurgencia, y aparece como ya hemos señalado en líneas anteriores, en
la Carta Magna de 1215, pues podía entenderse que si el Rey incumplía sus obligaciones, el pueblo
organizado tendría el derecho a revocar el pacto y asediarlo.
Empero, la debilidad del pacto de sujeción, consistía en que no desarrolló postura alguna sobre el
origen del poder, habiéndose construido sobre la clásica teoría de su origen divino. Por lo que, es
recién con JACOBO RUSSOE y su teoría del contrato social, que se concibe al ser humano como
capaz de abandonar su estado de naturaleza y asumiendo un acuerdo con sus demás congéneres,
ingresar a una comunidad o sociedad política, comprometiéndose a obedecer a las autoridades
que allí se constituyan, con el correlativo deber de respeto y protección de sus derechos por parte
de ellas. En contrapartida y ante el incumplimiento del pacto por la autoridad, la insurgencia se
viabilizaría lógicamente ante la autoridad deslegitimada. Se busca pues, una comunidad en sentido
estricto.
En este orden, con el antiguo pacto de sujeción, fortalecido ahora por la tesis contractualista, se
da inicio a un nuevo orden legal y una nueva teoría del Poder, que concentra el reconocimiento
expreso de la facultad de insurgir de los pueblos, y que encontraría sus resultados prácticos en
la Independencia de las Colonias Inglesas de 1786, la Revolución Francesa de 1789 y el proceso
independentista de las Colonias Americanas, a partir de la primera mitad del Siglo XIX.
I.3.2.
Naturaleza Violenta del Derecho a la Insurgencia:
Es imposible negar que el derecho a la insurgencia proviene de la desobediencia civil, y esto lo
afirmamos con una máxima de LOCKE 6 , cuando sentencia: “A quien se le permite resistir, no hay
más remedio que reconocerle el derecho a golpear”.
No existe duda, pues, al reconocerse la naturaleza violenta o armada del ejercicio insurgente. Esto
se fundamenta, en nuestro país, en que el artículo 46 del texto constitucional regula dos formas de
actitud por parte de la población civil ante los agresores institucionales.
En su primer párrafo regula lo atinente a la “desobediencia civil”, que importa el carácter
estrictamente pasivo e insubordinado de la sociedad civil ante los mandatos o disposiciones
de gobiernos usurpadores o funcionarios ilegítimos; mientras que el segundo párrafo regula en
estricto el “derecho de insurgencia” en defensa del orden constitucional, por lo tanto, y en vista de
la definición realizada en líneas previas, este supone un carácter activo de alzamiento violento e
incluso armado. No existe forma distinta de comprender la conducta insurgente.
I.4. El Derecho a la Insurgencia en la Constitución Política de 1993:
La Constitución Política del Estado Peruano prevé esta facultad de la población civil en su artículo
46, al prescribir:
“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación
de la Constitución y de las leyes.
La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional.
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.
De aquí se desprende que el reconocimiento político del derecho de insurgencia a la población civil
tiene por finalidad la protección misma del Estado democrático, social, independiente y soberano,
así como de la forma de gobierno, unitario, representativo, descentralizado, y organizado según el
principio de separación de poderes, esto según lo normado por el último párrafo del artículo 43 de
la Constitución.
Conviene aquí hacer una distinción que considero importante a efectos de disgregar el tema bajo
6 LOCKE, Jhon. Ensayo sobre el Gobierno Civil. Ediciones Orbis S.A. Aguilar Editor. España, 1983. p. 235.