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Al respecto el I Pleno Jurisdiccional Extraordinario Penal Acuerdo Plenario N° 3-2012/Cj-116 32
(Asunto: Sobre La Necesidad De Reevaluar La Suspensión De La Prescripción Dispuesta En El
Artículo 339°.1 Del Código Procesal Penal 2004) zanja la polémica y expone: “11. Es pertinente
y oportuno establecer un límite temporal para la duración de la suspensión de la prescripción de
la acción penal, generada por la Formalización de la Investigación Preparatoria. Tal requerimiento
fue también reiteradamente planteado en las ponencias sustentadas durante la Audiencia Pública
preparatoria del I Pleno Jurisdiccional Extraordinario por lo que expresan una fundada demanda
de la comunidad nacional. Pero, además, ella guarda estricta coherencia con las exigencias, límites
y efectos que derivan del principio de plazo razonable para la realización de la justicia. En ese
contexto, pues, y atendiendo a los antecedentes históricos de la suspensión de la prescripción en
nuestra legislación, cabe asimilar, para satisfacer tal expectativa social, el mismo límite temporal
que contenía el derogado artículo 122° del Código Penal de 1924. Esto es, en adelante debe
entenderse que la suspensión de la prescripción en el caso del artículo 339° inciso 1, no podrá
prolongarse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de prescripción
más una mitad de dicho plazo. Por lo demás este mismo criterio se mantuvo en los Proyectos de
Código Penal de setiembre de 1984 (Art.96°), de octubre de 1984 (Art. 83°), de agosto de 1985
(Art. 89°) y de abril de 1986 (Art. 88°) que precedieron al Código Penal de 1991 por lo que su
razonabilidad es admisible”. (Resaltados nuestros).
Estamos de acuerdo con lo expuesto en el fundamento décimo primero del Acuerdo Plenario N°
3-2012/Cj-116, en consecuencia si la suspensión de la prescripción en el caso del Artículo 339°
inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal, no podrá prolongarse más allá de un tiempo acumulado
equivalente al plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo, estamos hablando
de la Prescripción Extraordinaria, pues según el Artículo 83° del código penal, La prescripción de
la acción penal prescribe, en todo caso, cuando el tiempo transcurrido sobrepasa en una mitad al
plazo ordinario de prescripción.
Entonces no podremos alegar válidamente que el órgano fiscal tendría todo el tiempo a su
disposición para que dentro de la etapa de la formalización de la investigación preparatoria pueda
investigar el delito de Aborto Eugenésico 33 , y postular ante la judicatura una tesis acusatoria o
absolutoria, pues de seguirse un hipotético proceso, de conformidad con los Artículos 83°, in fine, y
80°.1 del Código Penal el plazo de prescripción de la acción penal prescribiría a los cuatro meses y
medio (prescripción extraordinaria), generando impunidad, no por negligencia de la magistratura
(jueces y fiscales) sino que el plazo irrisorio (tres meses) regulado por el legislador.
No es ocioso precisar, para los más fervientes seguidores de nuestro sistema penal, que ni aun así
procediéndose a formular acusación penal directa, el juzgador correspondiente siempre va a estar
obligado a sentenciar o sobreseer la causa dentro de un plazo de cuatro meses y medio (cuatro
meses quince días), pues ese es el plazo para que opere la prescripción extraordinaria en el delito
de Aborto Eugenésico. No es una verdad de Perogrullo precisar la abundante carga procesal que
ostentan los órganos jurisdiccionales en el Perú que hace casi imposible tomar una decisión sobre
el fondo en tan corto tiempo 34 .
Otro asunto que nos parece polémico y problemático es si advertimos cual es el bien jurídico
protegido en los delitos de aborto tendremos que decir que es la vida humana dependiente,
entonces si esto es así y atendiendo que la vida humana comienza y está protegida desde la
de las Sentencias del Tribunal Constitucional 2007-2012. Instituto de Defensa Legal Justicia Viva. Documento de Trabajo N° 65. Disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/
doc_trabajo/doc31072012-144116.pdf
32 Publicado el día jueves 26 de julio del año 2012, en el diario oficial el Peruano. Pág. 471463 y ss.
33 Artículo 321° del Nuevo Código Procesal Penal. 1. La Investigación Preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir
si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la
perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado.
34 Se recomienda revisar los siguientes trabajos: Sub tema 2: Las Soluciones Estructurales Al Problema De La Carga Procesal, disponible en:
http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/administ_justicia/context_socioeconom/265-275.pdf (fecha de consulta el día 22/09/14) también puede consultarse a
HERNÁNDEZ BREÑA, Wilson. 13 Mitos Sobre La Carga Procesal. Anotaciones y Datos Para La Política Judicial Pendiente En La Materia. Justicia Viva. Instituto de Defensa Legal. Lima, Octubre
del 2007. Disponible también en http://www.justiciaviva.org.pe/publica/13mitos.pdf (fecha de consulta el día 22/09/14).
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